Imagine que un día, a un gobierno –del partido que fuere- se le ocurre mandar una iniciativa de ley para prohibir en la Constitución de la República que vote y sea votada para cargos de elección popular cualquier persona que no esté dada de alta en Hacienda, por mencionar un supuesto.

Esa iniciativa es aprobada contra viento y marea gracias a que el partido en el gobierno cuenta con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y dada esa condición desoye todos los cuestionamientos acerca de que se trata de un acto de discriminación que atenta contra el derecho de toda la ciudadanía a votar y ser votada.

Lo primero que viene a la mente es que los afectados busquen revertir esa decisión autoritaria y, a todas luces absurda, acudiendo a las instancias legales que se encargan de defender sus derechos humanos y políticos, dentro y fuera de México. Pero resulta que otra ley aprobada por ese mismo partido –o por otros que le hayan antecedido en el ejercicio arbitrario del poder- impide que se pueda impugnar una reforma constitucional, aunque violente derechos humanos, aunque haya quebrantado el proceso legislativo y aunque esté hecha con las patas.

Pues eso está ocurriendo en el México del “segundo piso de la transformación”, en el régimen más destructor de la historia. En medio de la batalla legal de la reforma judicial que desbarata la división de poderes en México y de la resistencia desde el Poder Judicial a través de las herramientas jurídicas de que dispone, los senadores de Morena presentaron una iniciativa de reforma que busca precisamente eso: evitar que una enmienda a la Constitución que atenta contra el derecho a la justicia pueda ser impugnada y echada abajo. Y más allá.

La reforma impulsada por los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, así como por el presidente de la Cámara alta Gerardo Fernández Noroña, plantea modificar el artículo 105 de la Constitución para señalar que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.

También se modifica al artículo 107, prácticamente volviendo inoperante el amparo, el cual no procederá “contra adiciones o reformas a esta Constitución” en los mismos términos que el anterior numeral.

Pero quizás la peor de todas las enmiendas que contiene la iniciativa de las tres ex “corcholatas” presidenciales es la del artículo 1 de la Constitución, el que protege los derechos humanos, que serían gravemente amenazados.

La redacción propuesta por los autócratas morenistas para el artículo 1 establece que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por el control de convencionalidad”.

El Control de Convencionalidad es la obligación de las autoridades de los diferentes estados/países de ajustar sus actuaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta reforma lo que implica es que México, a pesar de estar suscrito a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, podrá hacer leyes que contravengan sus lineamientos y desacatar las sentencias de la Corte Interamericana que le ordenen rectificar, aun cuando se violen flagrantemente derechos fundamentales de las personas.

Así lo alertaron de inmediato Amnistía Internacional México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que tildaron la brutal iniciativa morenista de “amenaza” y “retroceso” para los derechos humanos en el país.

Las intenciones manifiestas del régimen morenista, el que se promueve como dizque progresista, van más allá de someter al Poder Judicial y pulverizar la división de poderes. Es la implantación, sin ambages, de una autocracia que limita –y que si quiere, puede suprimir- los derechos humanos y no acepta arbitrajes externos en nombre de la “soberanía” con la que han llenado sus discursos todas las dictaduras de la historia.

Y para que no quede duda de su gravísimo talante autoritario, la reforma se propone sea retroactiva, al disponer que cualquier juicio, recurso o consulta en trámite “en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución, por su forma, procedimiento o fondo” quedarán “sin materia y serán sobreseídos”. Precisamente, en contra de uno de los principales principios del derecho, que establece que ninguna ley puede ser retroactiva en prejuicio de los ciudadanos.

El morenato se quitó finalmente la máscara, se revela cuan gorilesco es y está por asestar un golpe mortal a las libertades y a los derechos humanos en México, concentrando el poder de manera grotesca para hacer lo que le venga en gana. Y con eso cargarán sobre sus espaldas Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y todos quienes, por obra u omisión, facilitaron y hasta aplaudieron salivando la restauración autoritaria que lamentarán toda la vida.

Si no es una dictadura, ¡cómo se le va pareciendo cada vez más!

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