En agosto de 2005 el periodista Rubén Yizmeylán escribió un gran artículo que la Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA envió al Presidente Vicente Fox, describiendo a través de la perspectiva del líder nacional y en ese tiempo diputado federal Carlos Blackaller Ayala, la información de aquellos históricos acontecimientos, anteriores a la promulgación de la Ley sustentable de la Caña de Azúcar.

 

En nuestro espacio de Bitácora del Golfo, estamos haciendo estas reflexiones porque “recordar es vivir” y es ahora que en el paso del tiempo, ver hacia atrás se puede valorar la lucha por lograr una “Ley Cañera” (para abreviar) ya que aquel Decreto Cañero del siglo XX, sirvió de base y la ley promulgada solo tiene pequeñas modificaciones como el agregado de “desarrollo sustentable”.

 

A continuación el artículo periodístico:

Carlos Blackaller Ayala, es el líder de la Unión Nacional de Cañeros-CNPR y cuenta con una banca en el Congreso mexicano. Este Ingeniero Industrial es de los principales impulsores de la "Ley Cañera" y el presente lo encuentra en la primera línea enfrentando la intención del Presidente Fox y del Ejecutivo de vetar la ley.

 

La marcha del 27 de julio de 2005, marcó una inflexión en el Gobierno que en su afán por no publicar la ley estira los plazos, y ahora, propone dialogar.

 

-¿Cuáles son los principios de vuestra lucha por mantener la "Ley Cañera" en México?

 

-El contar con la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a la que coloquialmente llamamos "Ley Cañera", es un generador de certidumbre y de tranquilidad, es un motor de desarrollo regional en los 227 municipios dentro de 15 estados de la República, en una superficie de 700 mil hectáreas que son cultivadas con la caña. Alrededor de la caña se han construido y desarrollado pueblos enteros.

 

Como representante popular y como dirigente de los productores de caña UNC- CNPR nuestro interés, más que garantizar un ingreso al productor de caña, es garantizar la posibilidad de desarrollo en las regiones a través de la industria de los edulcorantes de la caña de azúcar o bien de la diversificación productiva de la caña como materia prima.

 

En particular, la ley mandata al Gobierno de México a que establezca un Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar con metas y objetivos de carácter estratégico para que en una visión de corto, mediano y largo plazo lleve el encauce y el desarrollo de esta importante actividad, que en términos económicos representa el 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto de México. Ese Programa Nacional, con un planteamiento integral del sector permitiría, como lo establecen las leyes mexicanas, que el Gobierno sea rector económico del sector que debe proyectarse concebido como motor de desarrollo regional y no como el actual esquema denominado Sistema-Producto. Así están el Sistema-Producto-Caña, el Sistema-Producto-Guayaba, el Sistema-Producto-Naranja, que son esquemas de direccionamiento y de entrega discrecional de los subsidios gubernamentales. En el caso particular de la caña de azúcar en México no goza de ningún subsidio directo para su producción. Por tanto, el esquema de Sistema-Producto no cumple con las necesidades y especificidades de la caña de azúcar.

 

La Ley también es bondadosa para el sector de la agroindustria en su conjunto porque genera bases normativas para una relación racional entre los productores de caña y sector industrial. Promueve una reconversión organizativa de los productores agrícolas y sus gremios para que estos tengan una visión de valor agregado y puedan mantenerse en un proceso de mejora continua, tanto como productor como para la conformación y solidificación de la estructura gremial.

La Ley impulsa la investigación y el desarrollo tecnológico y contribuye a la competitividad y a la diversificación productiva basada en la caña de azúcar como materia prima.

 

-¿Qué rol juega el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la intención del Presidente Fox y del Poder Ejecutivo de vetar esta ley? ¿Cuáles son los riesgos si la ley cae?

 

-El Gobierno Federal desde el año 2000 entró con una plataforma de compromisos políticos que lo han llevado a plantear que los productos del campo deben funcionar sobre la base de la oferta y la demanda. Sin embargo, en nuestro país se ha hecho liberalización de los mercados pero no ha habido el mismo ejercicio para liberalizar en otras economías como la Unión Europea, América del Norte y Brasil en particular, donde emergió la producción de azúcar, caña de azúcar o remolacha azucarera generando una serie de precios de excedentes que distorsionan la realidad de los costos de producción. Y el gobierno mexicano ha pretendido que la liberalización entre de una manera descarnada en la economía nacional. La "Ley Cañera" genera un esquema de racionalidad dando una apertura social a esa apertura indiscriminada de los mercados.

 

Días pasados platicamos con Don Enildo Iglesias y le comentamos que los argumentos del Gobierno para no publicar la ley ni para hacerle observaciones son para dilatar la posible entrada en vigor de la ley dados los tiempos políticos del país y así alargar más de un año la posibilidad de contar con esta ley, coincidiendo con las elecciones presidenciales de 2006. Eso traería como consecuencia el desánimo de los productores, perder una zafra de manejo ordenado y el riesgo de un abuso monopólico del sector industrial.

 

Dadas las características del cultivo y que en algunos casos miles de productores abastecen a un solo canal que es el ingenio, se estaría generando una condición de carácter monopólico en la compra de la materia prima. El propio secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, luego de la gran marcha del miércoles 27 de julio ha reconocido que la actividad requiere, así lo dijo él, de un marco normativo que garantice la transferencia de rentas entre el sector primario y los ingenios de la industria azucarera.

 

En este caso creo que la marcha genera un reflejo de la realidad, de lo que se vive en el campo cañero y parece ser que provocó una búsqueda de diálogo por la parte que había estado muy cerrada, la del Gobierno Federal.

Ninguno de los argumentos que ha expuesto el Gobierno Federal mexicano ha sido de carácter jurídico, en contra de la Ley. La Ley elaborada por el Congreso mexicano está apegada a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y que están relacionadas con el sector.

 

La argumentación ha buscado distorsionar la realidad, rayando en la difamación y la calumnia, y llevar esto a una arena política, eso nos ha hecho pensar mal, aquí en México tenemos un dicho que reza, "piensa mal y acertarás". Cuando la contraparte de la negociación no aduce razones de sustento firme, y jurídicamente sustentadas parece que encubre algo. El mercado mexicano de azúcar es el séptimo mayor mercado del mundo; somos 106 millones de mexicanos altamente demandantes de edulcorante; una buena parte de las calorías que consume el mexicano provienen de edulcorantes. Entonces, ese mercado cercano a los 6 millones de toneladas de edulcorantes parece ser que lo quieren compartir con empresas transnacionales, con empresas que no vienen a generar empleo en la cantidad que sí lo hace la caña de azúcar en México. Y hablamos de 2,5 millones de empleos directos e indirectos que se generan a partir de la caña de azúcar.

 

Por otra parte, sentimos que la política de la Secretaría de Agricultura es una política que la podríamos catalogar de reduccionista, que en lugar de impulsar al sector busca acotarlo a efectos de generar una estructura de mercado donde se le abre un espacio al jarabe de maíz de alta fructosa, que aquí en nuestro país es importado o es elaborado en México con maíz importado.

 

-¿Cuáles son los próximos pasos, habrá nuevas movilizaciones?

 

-La movilización trajo, como te decía, algunos diálogos ya ese mismo día con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). La marcha más que tensionar sirvió para distender, permitió que el Gobierno Federal por lo menos mostrase un ambiente más receptivo. De hecho hubo una reunión con diputados federales de la Comisión de Agricultura y estamos contemplando reunirnos este martes 2 de agosto nuevamente. Inclusive, cabe la posibilidad de reunirnos esta semana con la Secretaría de Gobernación que es el órgano encargado de la política del país. Creo que la interlocución de otros actores del Gobierno Federal va a volver esto muy importante.

La agenda de movilizaciones debe ser dinámica y debe irse conformando según sea necesario apretar o aflojar.

 

Está contemplado que en los próximos días se hagan paros y movilizaciones en cada una de las oficinas de la SAGARPA en las capitales de los 15 estados productores de caña. Eso está planeado, programado pero están en función de todos estos diálogos que se lleven a cabo esta semana. La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar y la Unión Nacional de Cañeros, las dos uniones de cañeros, seguimos una estrategia conjunta. Somos agrupaciones que tenemos orígenes distintos pero objetivos similares, y agradecemos además el gran apoyo del movimiento obrero azucarero de nuestro país que también manifestó con nosotros con la presencia de Don Enrique Ramos, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera. Eso fue muy importante.

 

-¿Cómo está conformado el bloque político que defiende la "Ley Cañera" en el Consejo de la Nación?

-En el Consejo de México están representados las siguientes fracciones parlamentarias: El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Verde Ecologista (PVEM), el Partido Convergencia por la Democracia (PCD) y el Partido del Trabajo (PT); estos 5 grupos parlamentarios fuimos los que aprobamos en el Congreso la "Ley Cañera", tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Del Partido Acción Nacional (PAN), que es el que está en el Gobierno, algunos diputados y senadores han manifestado simpatía en relación con la Ley de la Caña de Azúcar, no siguiendo la línea gubernamental. Pero sí debemos reconocer que el PAN mayoritariamente está en contra de la ley. Creo que esta Ley la ven más como una plataforma política que como plataforma económica, y esto les estaría echando mucha gente en su contra. De hecho hay muchas instancias en que no podemos entender hacia donde quiere llevar al país este gobierno, y este es uno de esos casos.