Un rasgo muy propio de los regímenes autoritarios es que, totalmente intolerantes a cualquier crítica, buscan silenciarla por todos los medios, principalmente la censura y hasta la represión violenta, lo cual se puede llevar a cabo en más de una modalidad.

Atrapadas en esa espiral autoritaria, las instituciones y quienes las dirigen se suelen convertir en los principales instrumentos para acallar voces disidentes y no se escatiman recursos públicos para derrochar en pos de alcanzar ese objetivo.

Baste ver cómo el obradorato reaccionó a las marchas contra la reforma judicial convocadas por estudiantes universitarios, un movimiento que considera como si fuese de su propiedad y con el que ha lucrado políticamente durante décadas.

Para contrarrestar las protestas, los gobiernos morenistas se hicieron su propio “movimiento estudiantil”, integrado por las “juventudes” del partido y empleados gubernamentales, a los que mandaron a marchar en favor de la medida impulsada por el gobierno, algo que podría calificarse hasta de “antinatura”, pues los movimientos estudiantiles legítimos son necesariamente rebeldes y contestatarios ante la autoridad, no sometidos a la misma.

En Veracruz ni siquiera intentaron disimular la intervención oficial. Los morenistas marcharon el martes pasado en Xalapa mostrando los logos de su partido y de la asociación “Unidos Todos”, creada con recursos públicos por el primo del gobernador, ex subsecretario de Finanzas y diputado federal plurinominal de Morena Eleazar Guerrero Pérez. Entre los asistentes al acto se pudo observar al dirigente estatal de Morena Esteban Ramírez Zepeta, y algunas de las lonas y pancartas replicaban una frase usada por el coordinador de los diputados locales de ese partido en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, otro de los financiadores. Claro, con dinero ajeno.

Incluso el gobernador Cuitláhuac García, quien jamás durante su mandato tuvo el valor civil y político de dar la cara a ningún manifestante, salió al balcón de palacio de gobierno a “saludar” la marcha de morenistas, para no dejar ninguna duda sobre su autoría y, sobre todo, la fuente de su financiamiento.

Mientras las marchas venales y esquiroles son promovidas por el oficialismo, a los estudiantes reales se les han cerrado las puertas para expresar su punto de vista en sus propias instituciones. Como sucede precisamente en la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

Reiteradas peticiones fueron hechas en las últimas semanas por alumnos y docentes a la directora de la facultad, Araceli Reyes López, para realizar foros y mesas de discusión sobre la reforma judicial, mismas que fueron rechazadas bajo el argumento de que ya se realizaban debates en los espacios de los poderes públicos, en referencia a los foros convocados por el Congreso de la Unión, en los que solo se simuló escuchar a las voces que alertaron sobre el desmantelamiento del estado de Derecho, mientras diputados, senadores y hasta ciertos “abogángsters” acomodados con el régimen vomitaban las descalificaciones de rutina.

Contrario al espíritu de universalidad de ideas que le da sentido de existencia a cualquier universidad, en Derecho de la UV se coartó a los estudiantes e incluso se les amenaza con represalias de continuar con las protestas. Pero eso sí, la directora abrió las puertas de la institución para organizar conferencias “motivacionales” sobre ¡teatro! Muy apropiado solo si consideramos que la UV está hecha un circo en el que las autoridades son los payasos.

La pinza del autoritarismo se cierra cada vez más y, contrario a lo que dice la propaganda engañifa de los amanuenses del régimen, las amenazas se van concretando en todos los espacios públicos.

Para muestra, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz –integrado en su mayoría por magistrados y magistradas que claudicaron de su deber para “tetratransformarse” en bufones y aplaudidores del morenato- se ha desatado una auténtica “cacería de brujas” contra los trabajadores que han manifestado públicamente su apoyo a sus pares del Poder Judicial de la Federación. Los deshonestos encargados de la impartición de justicia a nivel local –ésa que la reforma no roza siquiera- quieren saber quién osó apoyar la división de poderes, para echarlos inmediatamente.

Y apenas comenzó este “septiembre negro”.

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