Lo primero que hacen los regímenes autoritarios cuando llegan el poder es, casi invariablemente, tomar el control de la narrativa pública acallando la crítica en los medios de comunicación.

Durante todo el sexenio, fue más que evidente la manera en la que desde el gobierno federal se orquestó una campaña de propaganda para desacreditar a los medios y periodistas críticos a través de un uso abusivo de los canales públicos de difusión del régimen, lo que generó un clima de tensión y de hostilidad hacia quienes ejercen la profesión de informar.

Quienes afirman que hubo “respeto” a la libertad de expresión durante el obradorato o vivieron en otra dimensión o mienten descaradamente. De acuerdo con la organización Artículo 19, de los 166 comunicadores asesinados en México en los últimos 24 años, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron ultimados 46. Apenas uno menos que en el periodo de Enrique Peña Nieto y dos menos que en el de Felipe Calderón. Con la salvedad que a este gobierno le quedan todavía tres meses.

A aquellas administraciones se les reclamó airadamente la ausencia de condiciones para ejercer el periodismo con libertad y seguridad. Pero muchos de los que protestaron entonces ahora buscan justificar al obradorato con la tontería de que no es lo mismo, que este gobierno no mata periodistas. A los anteriores tampoco se les podría probar una acusación de esa dimensión. Pero lo que los tres tienen en común, empero, es la responsabilidad sobre esa situación, que a ninguno le importó asumir.

El pasado viernes, López Obrador dirigió una diatriba –una más- en contra de los periodistas, esta vez con especial énfasis en los veracruzanos, a quienes acusó –como acostumbra, sin pruebas- de recibir dinero para “denostar” a la candidata de Morena a la gubernatura, Rocío Nahle.

“Por ejemplo, financiaron la campaña en contra de Rocío Nahle, los que estaban antes, por mucho dinero para los medios de información, periódicos, plumas afines, me da pena decir de televisoras que hacían reportajes en contra de Rocío Nahle, todos ellos bien pagados”, aventuró el mandatario, quien en ese mismo espacio “celebró” la puesta en libertad de Julian Assange, fundador de WikiLeaks –quien para ello tuvo que declararse culpable del delito de conspiración contra la seguridad nacional de los Estados Unidos-, regodeándose en una mentirosa defensa de la libertad de expresión, misma que no practica ni respeta.

Ni bien ocurría esto, en Veracruz el multicitado textoservidor de Javier Duarte, Cuitláhuac García y Rocío Nahle, Francisco Vicente, volvió a enviar correos electrónicos difamando a periodistas veracruzanos, exponiendo sus nombres, con la complacencia –si no es que la instrucción directa- de los “humanistas” políticos morenistas que ahora lo mantienen y que tienen un objetivo claro: amedrentar e inhibir la crítica.

Ese mismo día, como una suerte de macabra coincidencia, fue asesinado en Chiapas otro periodista, Víctor Alfonso Culebro Morales, director del portal informativo Realidades y colaborador de Radio Fórmula. ¿Y por qué lo mataron? Básicamente, por lo mismo que han matado a todos los demás. Porque pueden. Porque se saben impunes.

En medio de este clima de violencia e indefensión, el régimen obradorista alienta persecuciones contra quienes considera sus enemigos, contra quienes exhibieron la enorme corrupción cometida en este sexenio, contra quienes se atreven a contravenir sus deseos, contra quienes intentan hacer valer el estado de Derecho quebrantado por la pandilla de la “4t”.

El endurecimiento del régimen, la creciente intolerancia, las presiones por la vía legal, son palpables y van en ascenso. Corren tiempos negros. Que alcanzarán hasta a quienes hoy se sienten cómodos con la persecución de los otros.

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