XALAPA, Ver., 09 de enero de 2023.- Pese a la renuncia de tres de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), el trámite de la controversia constitucional continúa vigente, aseguró el diputado local panista Miguel David Hermida Copado, quien calificó como una “tropelía política” la respuesta dada por el congreso estatal a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que ser un acto consumado la entrada en operación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).  

En conferencia de prensa, el legislador local panista mencionó que la Corte tendrá la última palabra en torno a la constitucionalidad del funcionamiento del Trijaev, porque no puede haber desistimiento en una controversia constitucional, como es la promovida por el magistrado presidente del TEJAV, Roberto Pérez, en la acción 266/2022.  

Explicó que ese acto no se ha sobreseído; el artículo 205 Constitucional marca claramente que es una controversia. La Controversia es entre entes públicos y “la renuncia de los magistrados no deja sin materia ni efectos la suspensión (de los nuevos magistrados)”.  

En ese tenor, señaló que se tiene que esperar que contestará la Suprema Corte de Justicia de la Nación” al tiempo de dejar en claro que no son los magistrados aquellos que renunciaron e inmediatamente se cae el procedimiento, el procedimiento es una controversia constitucional entre un ente local autónomo y el gobierno del Estado y el Congreso del Estado y la SCJN.  

Es posible que la Corte pueda cambiar las medidas cautelares, esa es una tropelía política (en referencia a los hechos consumados), es como decir que ya se consumó un acto indebido, es un absurdo”, recalcó.  

Dijo no tener conocimiento de las renuncias de los ministros del TEJAV, pero no descartó que ocurrió lo mismo que aconteció con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y muchos de los consejeros terminaron con procesos penales, por lo que planteó la urgencia de encontrar en Veracruz el orden constitucional.  

Refirió que la ciudadanía se pregunta que es un pleito entre entes públicos, pero el problema es que se utilizó a la fuerza pública de manera desmedida en contra de una resolución de la SCJN y por encima de ello, no hay nada, y esto quiere decir que el gobierno del estado quizás pueda utilizar la fuerza pública en contra de los ciudadanos.  

Insistió en que no existe desistimiento en contra de una controversia constitucional, en materia jurídica la renuncia de los tres magistrados no deja sin materia ni efecto la suspensión, que la SCJN pueda cambiar sus medidas cautelares ante esta circunstancia esto es posible.  

Por otro lado, consideró que, de acuerdo con el orden constitucional, en este momento tendría que estar en funciones el magistrado presidente y los secretarios de estudio y cuenta, y no así los nuevos magistrados nombrados en diciembre pasado. “Habrá que esperar, es la SCJN la que tiene la última palabra”, concluyó.