Xalapa, Veracruz, 12 de octubre de 2022.- “Con la creación de un nuevo tribunal de justicia administrativa se garantizará un combate ejemplar, con sanciones que sienten un precedente en Veracruz en contra de quienes, en uso de sus atribuciones como servidores públicos, incurran en actos de corrupción, y a quienes se les deberá aplicar sanciones ejemplares, además de recuperar activos a favor del pueblo”, expresó el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, al presentar iniciativa donde se propone extinguir al actual Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

El Diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso local, sustentó su iniciativa, en los pésimos resultados obtenidos a cuatro años de la creación del actual Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), órgano que ha incumplido las expectativas esperadas en cuanto a su funcionalidad en el combate a la corrupción, y a la efectividad en las resoluciones emitidas, a tal grado que -en comparación con otras entidades- Veracruz se ubica por debajo del 70 por ciento en la emisión de sentencias.

La falta de compromiso con la impartición de justicia y con la ciudadanía veracruzana, precisa, se refleja en el retraso de las resoluciones emitidas por el TEJAV, donde las cifras -que derivan de los informes anuales- sostienen que durante el ejercicio 2018, de las 729 demandas iniciales, en primera instancia, se emitieron 1,342 resoluciones; en segunda instancia, de 304 asuntos radicados se resolvieron 1,813 asuntos; en materia de responsabilidades de servidores públicos se tuvo el inicio de un procedimiento, mientras que de los 2,975 expedientes recibidos del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo no se observa emisión de sentencia o trámite alguno; esto es, lejos de cumplir con lo mandatado en el transitorio décimo segundo de la Ley Orgánica, se retrasó la impartición de justicia.

En ese sentido, se expone en la iniciativa un nulo avance en los objetivos planteados en la propuesta original y el combate a la corrupción, respecto de la resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de servidores públicos o particulares, pues a más de tres años de haber conocido el primero de los expedientes en esta materia, ha omitido pronunciamiento alguno que concluya en la emisión de una sentencia, y, por ende, en la aplicación de sanciones que generen un precedente, de que en Veracruz no se toleran actos de corrupción y se vigila el actuar apegado a derecho de los servidores públicos.

Ante estas circunstancias, el Líder de la JUCOPO se pronunció por la necesidad de corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos, el desmantelar redes de corrupción que operan a nivel estatal y mantener un esfuerzo continuo y sistemático para lograr una política anticorrupción efectiva y eficiente.

Por ello, abundó, con diversas aportaciones emitidas se revaloró y enriqueció la propuesta planteada en mayo pasado, pero conservando el objetivo primordial de la desaparición de un tribunal alejado de la ciudadanía y la reestructuración al interior, pero desde una perspectiva austera y eficiente, acorde con la realidad que impera en el estado.

La propuesta presentada por Gómez Cazarín pretende que el nuevo tribunal de justicia administrativa del estado de Veracruz esté conformado por cinco magistraturas, una de ellas especializada en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos; se cuente con tres salas unitarias, ubicadas en el norte, centro y sur del estado, y se prevea la utilización de una plataforma digital, que permita -en primer lugar- la visualización de las sesiones en tiempo real de acuerdo a la normatividad vigente, priorizando así las nuevas tecnologías con la justicia, la economía procesal y presupuestal, la facilitación de los justiciables para el acceso a los expedientes y el trabajo en conjunto regional, sin la necesidad de trasladarse a otro lado, aunado a los principios de transparencia y publicidad que deben de permear en dichos procesos.

Y a fin de crear un clima de profesionalismo entre los titulares de las magistraturas que integren el nuevo Tribunal de Justicia y acorde con la reforma inicial de la Constitución Federal, la presente iniciativa busca contar con funcionarios especializados, con alto grado de responsabilidad y profesionalización para cumplir con los principios de autonomía, honestidad, responsabilidad, independencia jurisdiccional, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia y vocación de servicio.

Dicha propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.