El notario José Gregorio García Juárez de Orizaba será denunciado por irregularidades en su función
XALAPA, Ver., 17 de junio de 2022.- Por emitir una fe de hechos sobre el desalojo efectuado por el ayuntamiento de Orizaba el pasado 11 de marzo del inmueble que ocupaba una congregación evangélica, será denunciado el notario 7º de esa ciudad José Gregorio García Juárez ante la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, Inspección de Archivos y Notarios del gobierno estatal.
Lo anterior fue dado a conocer por el abogado y pastor evangélico Adrián García Rodríguez, quien dijo que el citado fedatario elaboró indebidamente una fe de hechos, al, presuntamente, cotejar copias de credenciales de elector de los dirigentes religiosos, sin que ellos las entregaran junto con las originales que, incluso una de ellas, estaba vencida.
En conferencia de prensa, denunció que el día del desalojo nunca vieron al notario público, ya que nunca se acercó a ellos para identificarse, por lo que también procederán contra otro notario, así como contra el registrador del Registro Público de la Propiedad en la región y acusó que el ayuntamiento de Orizaba, no solo está comprando funcionarios municipales, sino también notarios, abundó.
Detalló que "seis congregaciones cristianas estaban ocupando en posesión de manera legal un inmueble en Orizaba que se llama Cinemas, era un complejo de ocho salas de cine que dejó de funcionar desde el año 2013 y el dueño entregó en comodato a uno de los pastores para que ahí se instalaran".
No obstante, el día 11 de marzo de este año, expuso, el Ayuntamiento de Orizaba que encabeza el alcalde Juan Manuel Diez Franco, la síndica Michel Fragoso, el tesorero y la directora jurídica llegaron sin previo aviso y con el uso de la fuerza pública, rompieron las cerraduras y se metieron para declarar que era propiedad del Ayuntamiento, argumentandocontar con una escritura pública que les daba autorización para adjudicarse el bien.
En ese momento, indicó que el tesorero municipal, levantó un acta en la que aparentemente no menciona que en el acto se dio en presencia de un notario público, “y si estuvo, nunca se acercó a nosotros, pero se nos dijo que era notario público y estaba dando fe de los hechos”.
Explicó que el pastor Carlos Aburto fue quien firmó el contrato de comodato con el propietario original Roberto René Ruiz Martínez, quien fue despojado del inmueble por el ayuntamiento para cobrar adeudos por un millón 300 mil pesos de impuestos prediales.
En ese tiempo se interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Orizaba contra las autoridades municipales, porque tenían los evangélicos el inmueble en comodato, se ampararon y ganaron la suspensión provisional, pero es la fecha que el Ayuntamiento de Orizaba se niega a cumplir ese mandato jurisdiccional.
“Ahorita estamos esperando la audiencia constitucional para que se decida si el Ayuntamiento violó la Constitución de la República en sus artículos 14, 16, 17 que establecen que nadie puede ser molestado en sus bienes, posesiones o propiedades, si no hay un mandamiento judicial", añadió, al recordar que el Ayuntamiento que se decía propietario, debió presentar la escritura e iniciar un juicio civil en contra de los poseedores, pero nunca lo hizo.
"Ellos dicen que fue otorgado de buena fe, pero hay abuso de autoridad y despojo; hay varios elementos que estamos viendo en la Fiscalía, pero estamos pidiendo que se nos devuelva el inmueble, porque un juez federal nos otorgó el amparo", reiteró para luego mencionar que se tenía un adeudo por un millón 300 mil pesos por impuestos municipales y la valuación que hizo el Ayuntamiento es de 10 millones de pesos, por lo que pretende quedárselo.
Y es que el alcalde de Orizaba ofreció el inmueble para que se instalara en él sitio un banco del Bienestar, lo cual fue rechazado por el delegado ya que el inmueble estaba en litigio, se indicó por último.