Xalapa / 2019-07-26

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el Dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 9 de mayo por la diputada Mónica Robles Barajas, que reforma el artículo 220 del Código Penal del Estado y que actualiza las sanciones ante las nuevas modalidades por el delito de extorsión.

Este Dictamen puesto a consideración del Pleno por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, registró 30 votos a favor y nueve abstenciones, sin votos en contra.

De esta manera se establece en el artículo 220 del Código Penal que: a quien por cualquier medio obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer algo contra sus propios bienes patrimoniales o los de un tercero, para procurarse a sí mismo o a otro un lucro indebido, se le impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa hasta de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de dos a seis años de prisión cuando se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis: intervenga más de una persona; se realice por una o más personas armadas o bien portando instrumentos peligrosos o se emplee violencia física o moral.

También cuando sea empleado cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada, sin que ello sea cierto, aun cuando ello sea únicamente para lograr que la víctima acceda de manera pronta y con mayor facilidad a alguna de las peticiones que se le hagan o bien para que no denuncie el hecho.

Asimismo, cuando la víctima sea una persona de 70 años o mayor, o sea mujer y se encuentre en estado de gravidez o cuando se allane el inmueble de la víctima o donde ésta se encuentre para ejercer la conducta delictiva; que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; o si el sujeto activo por extorsión telefónica o por cualquier medio electrónico fuere interno procesado o sentenciado.

Las penas se duplicarán cuando el o los autores sean servidores públicos, además se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión, y se inhabilitará de uno a seis años para desempeñarse en cualquier cargo público de los tres órdenes de Gobierno.

Igualmente se duplicarán las penas cuando el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución o corporación de seguridad pública o privada, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas, o se ostenten como tales sin serlo.

También se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión, y se inhabilitará de uno a seis años para desempeñarse en cualquier cargo público de los tres órdenes de Gobierno.

En la discusión del Dictamen, la diputada Mónica Robles Barajas, del Grupo Legislativo de Morena –autora de la iniciativa- ejemplificó los casos en Coatzacoalcos donde han sido “quemados” algunos negocios, resultado de actos de extorsión, “es insostenible esta situación”, agregó.

Refirió que con esta iniciativa se incrementa de cuatro a diez años y de dos a seis años cuando intervengan más personas, cuando estén armadas u empleen violencia física, entre otros. “Además se atiende la demanda de jueces y juezas para que cuenten con herramientas para castigar este delito”, abundó.

En tanto, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Montserrat Ortega Ruiz participó en tribuna y mencionó detalles en relación a la conformación del Dictamen.

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