Xalapa / 2019-01-24

Ante la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, compareció el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien, además de rendir un informe sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2018, respondió las preguntas de las diputadas y los diputados de la LXV Legislatura.

A las 16:00 horas, en la sala Venustiano Carranza del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia dio inicio a la comparecencia, en cumplimiento a lo que marca la Constitución Política del Estado y la legislación secundaria en la materia.

En la primera ronda, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez, preguntó sobre los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el sistema estatal de video vigilancia, que anunció el ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con una inversión superior a los 700 millones de pesos y que dicho sistema se encuentra operando en tan solo un 40 por ciento de su capacidad, al respecto solicitó al titular del ORFIS un informe de los avances que se tienen de este tema o bien, en su caso, cuál es el programa de trabajo para realizar dicho informe.

El titular del ORFIS contestó que se ha iniciado una revisión al proceso de adquisición e instalación de las cámaras del sistema de video vigilancia, de la cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el contrato que elaboró con el proveedor en relación a la adquisición, suministro, electrificación, instalación y puesta en operación del sistema de circuito cerrado y televisión CCTV con un costo de mil millones de pesos con la empresa COMTELSAT S.A. de C.V, misma que se comprometió a dar el servicio de electrificación hasta por un máximo de 116 municipios.

El proyecto propone la instalación de cerca de 6 mil 500 cámaras de video vigilancia de 3 tipos, y que tendrían como objetivo dotar de la tecnología a 6 centros regionales de monitoreo en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Boca del Río, Fortín y Cosoleacaque, de acuerdo con las adecuaciones técnicas correspondientes.

Portilla Vásquez, aseguró que con base en todo lo especificado en el contrato se está realizando una revisión al anexo técnico y al mismo contrato de acuerdo a lo que describe el proyecto como solución integral en tema de seguridad, por lo que será responsabilidad del proveedor proporcionar el equipamiento necesario para el funcionamiento adecuado de las video cámaras.

Sostuvo que se ha solicitado a la SSP los documentos y anexos que conlleva este contrato para realizar la revisión a profundidad y verificar el cumplimiento de las cláusulas del mismo, además de la revisión física de postes y cámaras pero de la calidad de la imagen, es decir, que sean nítidas y visibles desde los diversos sistemas de monitoreo.

Por su parte el diputado Domínguez Vázquez, agregó que el programa cumple con las expectativas de seguridad de la ciudadanía, sin embargo es importante saber su real utilización y funcionamiento, además que se ha hecho referencia que la empresa proveedora tiene una inhabilitación, sancionada por la Secretaría de la Función Pública en el 2013, por lo que hizo un exhorto al titular del ORFIS para realizar una investigación al respecto.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María Graciela Hernández Iñiguez solicitó la opinión técnica del titular del ORFIS al plantear que derivado de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de algunos municipios, por el cual otorga hasta 90 días para cumplir con la sentencia de pago y que se podría fincar alguna responsabilidad a las autoridades correspondientes en caso no atender este fallo.

El auditor Lorenzo Antonio Portilla respondió que este tema se deriva que durante el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) dejó de ministrar en el último trimestre recursos hacia los 212 Ayuntamientos, lo que significó una cantidad de mil 478 millones de pesos, por lo cual los municipios interpusieron las denuncias correspondientes y que ante los cuestionamientos del Órgano Fiscalizador la SEFIPLAN confirmó que la SCJN falló a favor de 80 municipios, con lo cual se les deberá pagar dichos recursos con los intereses generados a la fecha, por lo que al haber una resolución definitiva pudiera existir una responsabilidad penal ya que se debe cumplir con la sentencia en su totalidad.

Por otra parte, la diputada Hernández Iñiguez cuestionó que si al existir una firma de convenio que disminuye el monto de la devolución podría ser considerado como un presunto delito de daño patrimonial; a lo que el auditor del ORFIS aseguró que lo que ya se sentenció se debe reintegrar a los municipios por parte de SEFIPLAN de acuerdo al monto señalado por la resolución, señaló que siendo un recurso destinado al fondo social y pobreza extrema debe ser aplicado a ese fin, -añadió- que ya se tiene planeado reuniones con los municipios involucrados en este proceso para asesorarlos en cómo deben aplicarse dichos recursos.

La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, preguntó cuánto ha invertido el ORFIS en el desarrollo de diversas herramientas informáticas y qué acciones preventivas ha desarrollado para el fortalecimiento de la gestión pública municipal.

El compareciente detalló que todas las herramientas tecnológicas del ORFIS han sido desarrolladas por un equipo multidisciplinario que trabaja en el organismo, por lo que no han significado gasto alguno.

Respecto a las acciones preventivas, dijo que dentro del Plan Maestro 2012-2019 se establece que la prevención es fundamental para evitar y contener actos de corrupción, razón por la que se implementaron el Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); además de mecanismos de acceso a la información como el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER).

Durante su intervención, la diputada Magaly Armenta Oliveros, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó si la Comisión Permanente de Vigilancia de la Legislatura anterior, solicitó al ORFIS alguna opinión técnica sobre las observaciones determinadas a 64 municipios que comparecieron y solventaron de manera total y parcial diversas observaciones por un monto total de 326 millones de pesos.

Lorenzo Antonio Portilla respondió que sí fue convocado; sin embargo, explicó que su función en ese proceso es únicamente aclaratoria y explicativa, sin que ello implique la reapertura de los informes. “El procedimiento de fiscalización superior concluye en el momento en que son entregados los informes a este Honorable Congreso”, puntualizó el funcionario.

Tomando en cuenta la experiencia del ORFIS en el procedimiento de fiscalización superior, la diputada Magaly preguntó si en un par de horas, sin contar con el personal especializado en auditorías financiera, presupuestal y técnica a la obra pública, sea posible solventar observaciones por posible daño patrimonial a las arcas públicas municipales, aún cuando dichos ayuntamientos tuvieron 30 días para solventar el pliego de observaciones emitido por el ORFIS y no lo hicieron.

No obstante, el titular del ORFIS se abstuvo a dar respuesta, considerando que su posición podría influir en los criterios sobre los cuales caerá la resolución que en su momento se emita, con motivo de la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, por el decreto número 784 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de noviembre de 2018, por medio del cual, la LXIV Legislatura aprobó los informes individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas del ejercicio 2017.

Al hacer uso de la voz, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, representante del PAN, se refirió a una denuncia de habitantes de Comapa y señaló la aparente dificultad que enfrentan los ciudadanos para utilizar los mecanismos de transparencia y denuncia que el ORFIS pone a disposición de la sociedad. Dijo que es deseable que el Organismo refuerce su marco normativo a fin de facilitar la presentación de quejas y obtengan una respuesta clara.

El Auditor aseguró que la queja señalaba una red de energía eléctrica que está funcionando y una red hidráulica, en ese caso, mencionó que la autoridad municipal reportó que estaba operando, pero no dijeron la verdad, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.

No obstante, la legisladora refutó, asegurando que la ampliación de red eléctrica no se encuentra funcionando y que las fotografías que aparecen en el COMVER pertenecen a otra localidad, por lo que consideró el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz no es una herramienta que dé certeza de las obras.

El Auditor General, del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez dio respuesta a los cuestionamientos del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, del Grupo Legislativo de Morena, sobre las graves faltas administrativas detectadas en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por un monto de 800 millones de pesos.

Sobre lo anterior, el titular del ORFIS, respondió que el órgano a su cargo detectó en la Cuenta Pública 2017, y en esos contratos, un conflicto de intereses, lo que hizo del conocimiento de la SIOP para que actuara en consecuencia.

El diputado Wenceslao González Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó al Auditor en torno a las observaciones hechas a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), sobre el daño patrimonial detectado por 361 millones de pesos.

Portilla Vásquez señaló que se hizo lo conducente para que la UPAV realizara la determinación de responsabilidades y fincará las medidas necesarias a fin de conocer el destino de los recursos recaudados por el patronato; y actualmente esa institución educativa solicitó la reconsideración de las medidas a aplicar.

La legisladora Mónica Robles Bajaras, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó cuál fue la opinión del Orfis sobre la reestructuración de la deuda pública, realizada en 2017, así como el proceso y seguimiento a la licitación de la misma y respecto al presunto daño patrimonial, en la cuenta pública 2017, del ayuntamiento de Coatzacoalcos por un monto de 142 millones de pesos (mdp).

El auditor respondió que la reestructura no resolvía la crisis financiera de ese momento y agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avaló esta reestructura y se cumplió con la normatividad y las disposiciones de los bancos. De igual forma confirmó el presunto daño patrimonial del ayuntamiento de Coatzacoalcos y señaló que en este momento está la fase de solventación y que será hasta marzo cuando se tenga una respuesta; en caso contrario recurrirán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó sobre la disparidad en las cifras sobre los bienes recuperados por la anterior administración estatal y que correspondían al monto de mil 522 mdp. Además preguntó si realizan revisiones de campo a los bienes recuperados.

Al respecto, Portilla Vásquez refirió que la fiscalización se realizó con base en documentos de la cuenta pública y, sobre la cifra recuperada de 793.4 mdp en efectivo, expuso que fue auditada en cheques y el rendimiento generado. Detalló que el Orfis pretende en este año revisar la cuenta pública 2018 y revisar al momento 2019 para ver las diferencias. También dijo que van a revisar si los bienes recuperados están registrados en patrimonio del estado, que cuenten con su documento notarial y estén incorporados legalmente.

Por último, el legislador Rodrigo García Escalante, del PAN, agradeció al auditor la labor que ha realizado al frente del Orfis y la coordinación que se ha establecido con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

A las 18:25 horas, el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente; con la participación de las legisladoras Mónica Robles Barajas, secretaria y Florencia Martínez Rivera, María Graciela Hernández Iñiguez y Florencia Martínez Rivera, vocales, concluyó la comparecencia.

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