Xalapa / 2018-07-12

El pasado 5 de junio, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó diez decretos estableciendo la eliminación de veda, para convertir en reservas de agua igual número de ríos de alto escurrimiento. Lo que ha generado una gran polémica entre los académicos y organizaciones civiles, que alertan sobre la posibilidad de que las entidades federativas y los municipios aprovechen estos decretos para contratar organismos operadores del agua, lo que virtualmente se convertiría en una privatización de nuestros recursos hídricos.

“Es fundamental que tengamos información, que nos permita conocer el alcance de estos decretos, sobre todo los que afectan a los ríos del estado y el impacto que tendrá sobre los núcleos agrarios en la entidad. Veracruz recibe 33% del escurrimiento nacional de agua, dado que se incluyen tres importantes cuencas de la entidad, como son los ríos Papaloapan; Pánuco; y Actopan-Antigua, por ello es fundamental que contemos con la información relativa al impacto que tendrá esta decisión”, afirmó el diputado Ernesto Cuevas Hernández, representante del Distrito VIII.

El legislador destacó la importancia de contar con información de primera mano que permitirá, como representantes populares, responder a sus representados sobre los posibles impactos que tendrá esta decisión, que se comunicó era histórica, porque evitaría la sobre explotación de los cuerpos de agua, pero que las organizaciones defensoras del vital líquido han denominado como una virtual privatización del mismo.

Además expuso que el agua es el recurso natural más necesario para la humanidad y que garantizar su abasto para la presente y las futuras generaciones de mexicanos y veracruzanos es prioritario. “Estamos obligados a tener información de primera fuente, que nos ayude a comprender el alcance de los decretos en la protección del agua para las generaciones venideras”, dijo.

El diputado pidió conocer el impacto ambiental que tendrá esta decisión y saber si los argumentos, sobre posibles concesiones de los organismos operadores municipales podrían convertirse, en la práctica, en una privatización que termine elevando el costo del servicio de agua potable para los usuarios de áreas urbanas y el desabasto para las áreas rurales.

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