Pensionados del IPE víctimas de presunto fraude
* Daniela Griego requirió al IPE suspender los descuentos en tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el caso y procede en contra de quienes resulten responsables.
Un grupo de maestros jubilados y activos de la zona centro del Estado, denunciaron un presunto fraude cometido por cinco empresas, el cual impacta directamente en descuentos a la pensión que reciben por parte del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
En conferencia realizada en la sala de prensa Regina Martínez del Congreso del Estado, en la que estuvieron acompañados por la diputada local de Morena, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, los afectados dieron a conocer la existencia de al menos 18 casos de maestros jubilados y activos de la zona centro de la entidad, a quienes habrían falsificado sus firmas para la contratación de proyectos productivos a fondo perdido y tramitado ante el IPE los descuentos quincenales y mensuales correspondientes.
Griego Ceballos, en calidad de presidenta de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, dijo que el presunto fraude se realizó a partir de engaños cometidos por algunos intermediarios de las empresas Intermercado, Presta Acción, Dimex, Crédito Maestro y Procasa.
La legisladora, evidenció los impactos económicos que están padeciendo maestros jubilados y activos de primaria, secundaria y preparatoria de los municipios de Paso de Ovejas, Úrsulo Galván, Medellín, La Antigua, a quienes, a partir del supuesto fraude, “prácticamente les han robado su pensión”.
Y es que, agregó, los descuentos van de los 18 mil pesos hasta los 27 mil pesos, equivalentes al 60 por ciento o más de la pensión, violentando con ello la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz que prohíbe afectar vía créditos más del 30 por ciento del monto de la pensión de los trabajadores.
Por todo ello, Daniela Griego requirió al IPE suspender los descuentos en tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el caso y procede en contra de quienes resulten responsables. De igual manera, se pronunció por que el Consejo Directivo del IPE aborde el caso en su próxima sesión.
En su momento, el maestro José Alberto Cuevas, vocero del grupo de afectados, dijo que los descuentos comenzaron a aplicarse en los meses de marzo y abril de 2016, y continuaron durante el 2017 y en lo que va de 2018.
Comentó que Maribel Morales Montero, maestra en la zona de Cardel y quien recientemente murió víctima de cáncer, los invitó a participar en préstamos a fondos perdidos para incentivar proyectos productivos para ganado, comercios, el pago de créditos atrasados, entre otros.
“Creímos efectivamente que así era y le entregamos a esta persona la documentación que ella nos solicitó”, agregó José Alberto Cuevas.
Sin embargo, días después descubrieron que habían sido víctimas de un engaño: “nos dimos cuenta a través de nuestros talones de cheques que habían sacado préstamos a empresas particulares y nos estaban empezando a llegar esos descuentos muy altos; podría decirles que en lo personal de los 29 mil pesos que yo debía recibir me estaban descontando 27 mil 200 pesos, me dejaban 2 mil y algo para vivir con mi familia”.
Como en su caso, otros de los afectados solicitaron al IPE las supuestas solicitudes de préstamos por las que están recibiendo los descuentos para descubrir que sus firmas habían sido falsificadas. “Nosotros, ni asistimos a las empresas ni firmamos ningún documento”.
En respuesta a sus cuestionamientos, el director del IPE, Hilario Barcelata Chávez, respondió que actualmente ese instituto tienen convenios con dichas empresas y que no podían suspenderse los descuentos firmados a plazos de tres y cinco años.
Los afectados dijeron que ya procedieron por la vía penal presentando las demandadas correspondientes en contra de todas las empresas involucradas y del propio IPE.
Hasta el momento se han denunciado 18 casos en la zona centro del Estado, aunque se sabe de otros tantos en las zonas de Perote y Córdoba, quienes aún no han querido hacer pública su situación.