La Comisión Especial para la Verdad sobre la Deuda Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1998-2016 (CEVDP), fue creada con la finalidad de investigar a fondo el origen y, dentro de las atribuciones que tiene el Congreso en la materia, señalar las responsabilidades legales a que hubiere lugar, así como la corrección de las irregularidades por el quebranto financiero causado al erario estatal.
Sin embargo, desde el inicio se solicitó la información pertinente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, sin que hasta la fecha la dependencia haya proporcionado información sustancial para iniciar una investigación con rigor.
Parte de la investigación de la deuda que tiene el gobierno del estado desde hace dos sexenios, se refiere a los pasivos que tiene con los diversos proveedores. Por diversas razones, en el proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del estado para el año 2017, no fueron contemplados los adeudos fiscales de ejercicios anteriores, rubro en que deben contemplarse dichos adeudos.
El gobierno actual, a pesar de que recientemente declaró que esos adeudos no se han cancelado (legalmente no podría hacerlo), no toma en cuenta que hace falta la investigación y la colaboración en esta labor con el Poder Legislativo, particularmente con la CEVDP, para fijar los mecanismos y atender a quienes se les adeuda, comprobando que se hayan devengado las obras o servicios motivo de los adeudos.
La deuda a proveedores en general se sabe que es por miles de millones. Para reconocer y poder contemplar un plan de pagos, el Estado debe hacerlo de manera rigurosa y en apego a la legalidad; por ello la coadyuvancia del Poder Legislativo debe tomarse en serio y no desatenderla o verter declaraciones como distractores de la responsabilidad que evidentemente le corresponde.
Determinar el alcance y la veracidad de dichos adeudos, también es facultad constitucional del Poder Legislativo. Y haciendo eco de la postura del señor gobernador de hacer valer la constitución, este como muchos otros actos que tienen que ver con el Congreso del Estado, deben hacerse valer ineludiblemente.
A los proveedores, acreedores del gobierno del estado, esta Comisión ha tratado de darle seguimiento a sus reclamos, pero sin la información pertinente y sin la colaboración del titular del Ejecutivo, no se puede dar una respuesta concreta. Estamos conscientes de esta situación. El Congreso, dentro de su responsabilidad, desea contribuir a la solución, pero insisto, ha habido falta de voluntad de quien posee la información para poder transparentar este proceso, como lo hemos venido reclamando con los recursos que maneja el gobierno del estado.
Esta comisión especial, reitero, se encuentra en la total disposición de contribuir a la solución del problema que padece el Gobierno del Estado: la transparencia de los actos en el ejercicio de los recursos públicos.