La Mesa Directiva de la LXVI Legislatura turnó a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia la iniciativa, autoría de la diputada Janix Liliana Castro Muñoz, que tiene como finalidad el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dotándola de autonomía e independencia plenas en el ejercicio de su función.

En la Novena Sesión Ordinaria, se dio trámite a la propuesta de reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en la que se precisaría que la Fiscalía Anticorrupción es el ente del Ministerio Público en la entidad con competencia exclusiva en los delitos por hechos de corrupción, y así equiparar su grado jerárquico al de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo por cuanto al conocimiento de los asuntos que les competen.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, se pretende dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, específicamente en cuatro categorías. La primera, administrativa, para que cuente con la facultad de decidir de forma independiente sobre el régimen laboral y administrativo, cese o baja de sus servidores públicos, fijación de montos salariales, creación o supresión de áreas. La segunda, técnica, para disponer libremente los actos, métodos y procedimientos, adecuados para ejecutar las acciones en la persecución de sus metas y objetivos.

La tercera, gestión, que conlleva la disposición de recursos propios y suficientes para el ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo con las necesidades y exigencias que requiera el servicio. La cuarta y última, decisión, relacionada con la competencia específica y particular para emitir sus propias determinaciones en los asuntos puesto a su conocimiento, sin necesidad de recurrir a recomendación u opinión de un agente externo.

Por otra parte, se eliminaría la porción normativa que designa a la Fiscalía Anticorrupción como área administrativa integrante de la estructura orgánica de la FGE, en virtud a la equiparación de ambas entidades como el Ministerio Público de la entidad. En concordancia, se delimita la competencia en materia de combate a la corrupción, para que la investigación y judicialización de los delitos por hechos de corrupción, correspondan exclusivamente a la Fiscalía Anticorrupción.

Además, se modifica la atribución indelegable de la FGE para que mantenga la expedición de nombramiento, determinación de cambios de adscripción; concesión de licencias y aceptación de renuncias, separación, remoción, bajas o ceses de su personal de confianza, con excepción de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cuya facultad se circunscribe únicamente para dicha entidad.

Se reduce la potestad para solicitar la remoción del Fiscal Anticorrupción, de acuerdo con las causales legales establecidas, correspondiendo únicamente al Congreso del Estado; eliminando de este modo la facultad que compartía la FGE, puesto que se busca eliminar toda disposición normativa que implique una facultad sesgada de subordinación ante cualquier organismo o entidad.

Otra de las disposiciones que prevé esta iniciativa es el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y a su titular, estableciendo facultades correspondientes para éste último, a fin de que cuente con un amplio catálogo de funciones y atribuciones que le permitan ejercer su encargo sin mayor limitante que la propia ley, dotando de un marco de seguridad jurídica que respalde su actuación frente a los particulares sujetos a sus procedimientos, como a la colaboración con otras entidades y organismos.

Se prevé la desaparición de áreas de la FGE que lleven a cabo funciones en materia de Combate a la Corrupción para ser trasladadas a la estructura orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, que, de igual forma, atraerá todos los asuntos que se encuentren en trámite para asumir su conocimiento, seguimiento y resolución.

De aprobarse la iniciativa y para efectos del presente ejercicio presupuestal, la FGE generaría las adecuaciones administrativas y financieras para cumplir con las disposiciones de la modificación, garantizando la subsistencia actual de los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía Anticorrupción.

Como consecuencia de esta reforma, el Congreso del Estado iniciaría el procedimiento de nombramiento de un nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, para lo cual contará con 30 días naturales para emitir la convocatoria respectiva.