XALAPA, Ver., 04 de marzo de 2024.- La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) demandó el cese inmediato de la fiscal Verónica Hernández Giadáns, por seguir protegiendo a la transnacional Agroindustrias de México, S. A. (AMSA) y dándole largas a las pruebas presentadas por los acusados, lo que genera la impresión de que hay fuertes intereses que la sostienen.

En un comunicado, signado por Fernando Celis Callejas, asesor general de esta organización cafetalera, demandó también una acción decidida de las instancias del gobierno federal y el gobernador del Estado para que la Fiscalía General del Estado (FGE) termine con el juicio de los acusados y tengan su libertad plena,

“Es importante que se vea que hay voluntad en Veracruz de combatir la corrupción y limpiar el sistema judicial”, refiere el documento.

Debe verse también, cómo se van a reparar los daños económicos y a la fama pública ocasionados a los acusados y a sus familias por una empresa y funcionarios públicos que se asociaron para cometer un delito manejando pruebas y testimonios falsos, se señala en el documento.

Se rememora que el caso se tiene desde enero del 2022 y durante nueve meses la FGE no recibió las pruebas de los acusados en una clara protección a la empresa, lo cual es un claro ejemplo de abuso, corrupción e impunidad.

Después de una cuarta instrucción presidencial para que se viera este caso, desde la Secretaría de Gobernación se dialogó en detalle con los acjusados y se recibieron copias de las pruebas y testimonios que de muestran claramente que estaban en otros lugares y no cometieron el incendio que maneja la empresa. Esta situación llevó a que la FGE por fin recibiera las pruebas de los acusados, se añade.

Se menciona, además que los acusados han solicitado varias veces al gobierno estatal para que interviniera ante la FGE y se diera un procedimiento de desistimiento de la acusación. La respuesta que ésta dio es que no tenía ninguna documentación de los acusados que demostrada que no habían cometido el delito señalado.

Después de muchas gestiones de los familiares de los acusados se logró la intervención de la Presidencia, de la Segob y de otros funcionarios federales y estatales, pero la Fiscalía siguió durante 9 meses con la misma posición de considerar solo los intereses de la empresa.

Se solicitó varias veces al Gobernador que interviniera ante la FGE y se recibieran las pruebas de los acusados y se decía que ésta era autónoma y que los acusados se buscaran buenos abogados, por lo que cuestionaron a quien protegía para que actuara con tanta impunidad.

Ahora ya tiene las pruebas de los acusados que echan abajo los testimonios falsos de la empresa validados por la fiscalía, es necesario que la Presidencia, Segob y el gobierno estatal, ya intervengan ante la FGE para que proceda al desistimiento de la demanda y exoneración de los acusados.

El Gobernador del Estado debe colaborar más para terminar este conflicto que ha dado una imagen de que en Veracruz se permite una actuación corrupta de la Fiscalía, se indica por último.