El Congreso de Veracruz turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se autoriza a diversos municipios de la entidad gestionar y contratar uno o varios financiamientos en los que sirva como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los recursos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago del crédito que contraten.

Dicho proyecto, remitido a esta Soberanía por el gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, plantea que los municipios que decidan contratar financiamiento deberán hacerlo con la expresa autorización de su respectivo ayuntamiento; además, que los municipios deberán destinar los recursos que obtengan con el o los financiamientos exclusivamente para financiar inversiones públicas productivas, consistentes en obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.

En el documento se establece que los municipios deberán vigilar que el manejo de los recursos se encuentre estrictamente apegado a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, consignados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Asimismo, los municipios podrán, a través de funcionarios legalmente facultados y previa autorización de sus ayuntamientos, celebrar el o los convenios que se requieran para adherirse al Fideicomiso, en la forma y términos que en el mismo se establezcan, para instrumentar el mecanismo de pago del o los financiamientos que cada uno contrate con base y en términos de lo que se autoriza en el decreto.

De ser necesario, el ayuntamiento del municipio de que se tratare podrá ajustar o modificar el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2024 para considerar el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda que derive del o los créditos contratados e informarán del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta pública.