En la conmemoración del Día Naranja y por iniciativa de la diputada Maribel Ramírez Topete, se realizó el conversatorio virtual Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y su impacto en Veracruz, con el objetivo de proporcionar las herramientas que ayuden al cumplimiento de las obligaciones en la materia y para la protección de niñas, niños y adolescentes de la entidad.

El Registro Nacional, explicó la legisladora, concentrará la información de las personas deudoras alimentarias, con lo cual “se podrá empezar a construir paternidades responsables y una cultura de corresponsabilidad en las tareas del hogar”.

Maribel Ramírez Topete refirió que estas reformas establecen no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias como requisito para la realización de procedimientos o trámites como contraer matrimonio, expedición de licencias y permisos para conducir, ser candidato a un puesto de elección popular o participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras tanto en el nivel local como en el federal.

Además de trámites relacionados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales. Incluso, se consideran medidas de restricción migratoria a los deudores alimentarios.

La Presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género de esta legislatura aseveró que desde el Congreso de Veracruz se ha encargado de impulsar propuestas legislativas para la armonización del marco normativo, del federal al local. De ahí la importancia de promover este tipo de conversatorios y mesas de trabajo con especialistas, abogados y expertos en la materia que permitan construir una normativa acorde con las necesidades de la niñez veracruzana, puntualizó.

Durante su participación, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, senadora Olga Sánchez Cordero, consideró que esta reforma en materia de pensiones alimenticias es resultado de una medida política necesaria que garantice la satisfacción de las necesidades, no sólo en cuanto a manutención, sino también en educación y salud física y emocional protegiendo integralmente el interés superior de las niñas, niños y adolescentes del país.

A su vez, la presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz A. C. e integrante del Colectivo 50+1 Veracruz, Rosario Gayot Lara, reconoció la viabilidad de dicha propuesta toda vez que, dijo, representa una evolución jurídica en el cumplimiento de obligaciones alimenticias en pro del desarrollo adecuado de la niñez.

De manera presencial, participó el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón (UCC), Luis Alberto Martín Capistrán, quien habló de los procesos legislativos necesarios para la armonización adecuada y enriquecida de la normativa local con la general.

Asistieron al conversatorio la encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Rocío Villafuerte Martínez, y la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado (CEIGDH), Arhely Cuesta Briones.