XALAPA, Ver., 02 de febrero de 2023.- El Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE) está a la espera de que un Juez Federal emita la sentencia en torno al amparo indirecto que fue promovido en octubre de 2022 para que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) dé a conocer el techo presupuestal que se utiliza para recategorizar a personal homologado y para la creación de nuevas plazas a que tiene derecho esta organización sindical.  

Gerardo Velázquez Maraver, secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), dio a conocer que el pasado 23 de enero se celebró la audiencia constitucional para que la dependencia estatal rinda un informe sobre el particular, debido a que la solicitud hecha por escrito, tuvo una respuesta muy escueta del director de Recursos Humanos del sistema estatal y carecía de la información solicitada.  

Al respecto, el asesor jurídico del sindicato, Juan José Llanes del Ángel explicó que la petición hecha por el SIMVE está sustentada en las posibilidades presupuestales de la SEV para que se dispusiera la recategorización y la generación de plazas de nueva creación, ya que año con año estos trámites se realizan a través de las organizaciones sindicales, que se van distribuyendo entre los trabajadores de la Secretaría, lo que originó que este proceso colapsara a lo que hace el SIMVE.  

Y fue más enfático al señalar que no existen criterios definidos, claros y lógicos que correspondan a un patrón que pueda permitir a la sociedad definir con base en qué criterios la SEV decide recategorizar o generar plazas a favor de trabajadores de tal o cual organización sindical.  

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Esto, dijo, conduce inevitablemente a una constante discriminación hacia organizaciones sindicales porque tampoco se cuenta con mayores referencias, al considerar la dependencia que hay sindicatos grandes y sindicatos pequeños, lo cual atenta en contra de la libertad sindical de los trabajadores y por este motivo no pueden ser recategorizados, al sustentarse su filiación a tal o cual sindicato.  

“Con base en esas premisas, el maestreo Gerardo y en ejercicio del derecho de petición elevó una solicitud a la SEV, primero para que precisara cuáles son los parámetros que utiliza para asignar recategorizaciones y para generar plazas y en segundo lugar que hiciera lo conducente para disponer que los afiliados de su organización sindical pudieran acceder a estos beneficios que son perfectamente legales, pero la autoridad no dio respuesta sustentada”, añadió.  

Expresó que dicha respuesta, resulta tremendamente contradictorio y no atinan a precisar qué cosa es lo que sustenta su proceder, pero que da a entender que la SEV se conduce en su actividad cotidiana “mimando a algunas organizaciones sindicales y despreciando a otras sin advertir que no es un mimo hacia determinados sindicatos o un desprecio hacia otros, es un desprecio a trabajadores, porque al final de cuentas, los sindicatos no son más que coaliciones permanentes de trabajadores”.  

Ante esa tesitura, es por lo que se determinó presentar la demanda de amparo indirecto que fue admitida por un Juez de Distrito de Xalapa y que el trámite sigue su curso, ya se celebró la audiencia constitucional y se está en espera de la sentencia correspondiente que emita y que esperamos conceda la protección federal al SIMVE, y la Secretaría conteste de manera adecuada y de manera fundada, las razones por las cuales se abstiene de producir las recategorizaciones y generar plazas de nueva generación para los afiliados al SIMVE, el cual se estima se dé en el transcurso del presente mes.  

Anticipó que la decisión de las autoridades educativas respectivas, lo que en realidad tratan, en primer lugar, cuidar un dinero que no es suyo, sino de la sociedad, del que “no se sabe para que otros fines lo estén usando o lo estén ‘jineteando’”.  

Finalmente, se confía que el Poder Judicial corrija la plana y corrija la actuación de la entidad pública que, infortunadamente sin una lógica transparente, porque da la impresión que la transparencia les choca, el preguntarles les ofende, les irrita, que da la impresión de que se exige y que se confié, sin dar mayores explicaciones y sin aportar mayores datos en relación al manejo de los recursos”, concluyó.