XALAPA, Ver., 23 de junio de 2022.- A ocho días de haber solicitado, de manera formal, información sobre el procedimiento en contra de la doctora Antonia Barranca Enríquez, actual coordinadora del Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS) de la Universidad Veracruzana (UV) Campus Boca del Río, en la fecha que su petición no ha sido atendida por ninguna autoridad de la Máxima Casa de Estudios.

Esto fue denunciado por integrantes del Colectivo Social, al frente de la cual estuvo la licenciada Fátima Youg, quienes señalaron que el pasado 16 de junio, hicieron llegar la petición al doctor Rubén Edel Navarro, vicerrector de la región Veracruz Boca del Río de la UV, para que informe de la situación administrativa de la antes mencionada, debido a que participó en una contienda electoral sin haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin, como es el de solicitar licencia o permiso para separarse de una responsabilidad pública.

Lo grave de todo esto es que ya como candidata a la diputación federal del Distrito de Veracruz puerto por el Partido Todos por Veracruz, hizo proselitismo político, durante un acto del gobierno federal, como lo fue la vacunación durante la pandemia contra el covid-19 realizado en las instalaciones de la Facultad de Medicina los días 17 de mayo y 30 de junio del año 2021, añadieron.

En dicho evento ella, siendo abanderada de un partido politico, estaba impedida por la ley realizar sus actividades proselitistas, pues incurre en violadones a la ley electoral vigente, y argumentó que lo hizo como coordinadora regional de Desarrollo institucional en la vicerrectoría campus Veracruz-Boca del Río.

“Nos llama mucho la atención que estos cargos jamás los dejo durante toda su campaña electoral y proselitismo, y nadie hizo nada, ni siquiera una amonestación verbal. Se nos hace increíble que las mismas autoridades de vicerrectoría lo permitieran ya que esto se contrapone al capítulo II y el artículo 9 del Código Electoral del Estado de Veracruz, que establece que cualquier funcionario que desea postularse a un cargo de elección popular debe dejar sus funciones para seguir en la contienda”.

En el caso de la doctora Barranca Enríquez, desde marzo del año 2021, que ya era candidata a diputada, jamás solicito comisión o licencia tanto para su puesto en la vicerrectoría, así como en el CESS, esto según consta en el acta proporcionada por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), tampoco tiene permiso o comisión en el área de Recursos Humanos de la propia universidad como también consta en dicha acta del IVAI.

Ante tales hechos, indicaron, la universidad fue omisa de un acto indebido, de clara corrupción por parte de su funcionaria y del cual jamás se levantó un procedimiento en la Contraloría por dicha falta, como también consta en el acta de IVAI y eso no puede ser posible, ya que denota un claro encubrimiento de las propias autoridades ante un claro acto de corrupción.

Esta situación se nos hace sumamente grave como sociedad, y más porque ante tales hechos hoy en día la doctora Barranca Enríquez, aún en funciones como coordinadora del CESS, ya cuenta con una denuncia ante la Contraloría General de la propia Universidad, por lo que demandaron la intervención del Vicerector y al propio Rector Martin Aguilar, como autoridades máximas de la UV informen de las acciones sancionatorias impuestas a la citada funcionaria.

Lo anterior en acatamiento al artículo octavo constitucional, en donde los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de respetar el ejercicio del derecho de petición, e informen cuáles han sido los procedimientos y resultados dicha falta, sobre todo porque este acto es de interés social y como ciudadanos tenemos derecho a la información y más cuando se trata de una funcionaria de la Máxima Casa de Estudios.

“Hoy en día no es posible que la universidad permita actos de corrupción de este tipo a sus funcionarios sin consecuencias, lo demanda la sociedad y más en la etapa en la que se encuentra nuestro país en donde se exige de manera enérgica la rendición de cuentas ante actos de corrupción de los funcionarios a cualquier nivel así como la transparencia de datos.