XALAPa, Ver., 29 de marzo de 2022.- El tema de ultrajes a la autoridad es complicado en el estado de Veracruz debido a que al no estar publicada en la Gaceta Oficial y en el Semanario de la Federación la derogación de dicha ley, por parte del Congreso del Estado, los jueces están rechazando y rebotando las audiencias para liberar a las personas encarceladas por este delito.

Esto lo aseguró el diputado del Partido del Trabajo (PT) Ramón Díaz Ávila, quien dijo que los jueces asumen está postura al no “haber una certeza de que en Veracruz se esté aplicando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es la eliminación de este delito en la entidad”.

En entrevista, el legislador local petista, quien fue uno de los primeros diputados que manifestaron su rechazo por esta disposición legal, dijo que se tienen quejas de los abogados que se han enfrentado en sus juicios que dicha derogación no ha sido publicado en los canales oficiales respectivos.

Sin embargo, admitió que en lo personal revisó este tema el Congreso del Estado y hay una publicación con una leyenda que señala la eliminación de dicha norma, por lo que los integrantes de las Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados, acudirán a esta Representación Popular para que se haga la publicación respectiva, porque se les hace insuficiente esa leyenda y exigir sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado y el Diario Oficial lo que la Corte determinó para que entre en vigor.

Explicó que en la Gaceta Oficial se hizo la corrección el pasado 11 de marzo, manifestándose que se eliminó el articulado relativo a ultrajes a la autoridad, lo cual es insuficiente para los jueces y que ese es el motivo por los cuales no han liberado a los más de mil cincuenta personas que purgan prisión por este delito.

Reiteró que el tema es preocupante, lo cual motivará que los abogados presenten un recurso en contra del gobierno estatal o de la institución responsable de la publicación de lo que la SCJN envío.

Adelantó que platicaran este martes con los representantes de esas organizaciones de abogados en torno a este asunto y definir lo conducente y lo que ellos me digan y qué hay que hacer, para coadyuvar con quienes no han podido ser acreedores de los beneficios de la derogación de dicha ley.