XALAPA, Ver., 10 de diciembre de 2021.- Representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que con la aplicación de los delitos de ultrajes a la autoridad, se ha incrementado los índices de prisión preventiva oficiosa usada por los cuerpos policiacos.  

Edgar Zavaleta Flores, delegado estatal de Pro-libertad y Derechos Humanos en América Global; Juan José Auñon Segura, integrante de la Defensoría de los Derechos Humanos señalaron que el este delito es anticonstitucional, por lo que exigieron a los diputados la derogación del artículo 331 del código Penal para el estado de Veracruz, al considerar que lesiona las garantías individuales.  

"Como integrantes del Observatorio Ciudadano Contra la corrupción y en Defensa de los Derechos Humanos, integrado por diferentes lideres de Organizaciones Civiles, Colegios y Barras de Abogados, Representantes de Organismos Internacionales de Derechos Humanos, Activistas Sociales Colectivos y Sociedad General que han sido víctimas de estas injusticias y que nos hemos unido en una voz uní sonora, realizamos un análisis exhaustivo de la disposición legal, y consideramos que éste es resultado de una falla legislativa", añadió.  

Dijo que como integrantes de la sociedad veracruzana no merecemos esta situación, puesto que la figura que se considera como delito grave y que actualmente amerita prisión preventiva oficiosa se está aplicando por los cuerpos policiacos con exceso y como una medida represiva y violatoria de los Derechos Humanos, del principio de inocencia y del debido proceso en agravio de la población", agregó.  

En ese tenor, consideraron que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, abundaron los entrevistados.  

Finalmente, dieron a conocer que hay muchas personas que fueron detenidas de forma injusta con este delito, por lo que esperan que la actual legislatura pueda adecuar esta norma y no sea utilizado para amedrentar a las personas, puies esta ley es anticonstitucional.