En un comunicado de prensa, signado por Cecilia Navarro, se recuerda que el pasado 14 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general el Proyecto de Reforma Constitucional a los artículos 4º y 27 de la Constitución, conocida como reforma constitucional de Medio Ambiente.

En la misma se establece, entre otros puntos, que “no se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos liquido y gaseoso en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico”.

En el documento, se destaca que la aprobación en ambas cámaras de este proyecto “es un paso importante para la protección del ambiente, de las personas y del clima, considerando que el fracking es una técnica sumamente riesgosa y contaminante del suelo, fuentes de agua y del aire, que induce actividad sísmica, genera daños a la salud de las personas, en especial de mujeres infancias y personas adultas mayores, además de contribuir de forma considerable en el incremento de la temperatura y en la crisis climática”.

Además, de todos los daños que provoca esta técnica, está demostrado su bajo rendimiento: con pozos fracturados que tienen un periodo de vida productiva de entre dos y cuatro años con un alto costo, el cual se suma la destrucción masiva de territorios que se convierten en zonas de sacrificio, se añade.

Se recuerda que en México esta técnica se comenzó a utilizarse al menos desde 1996 en pozos convencionales, fracturando desde entonces 7,879 pozos en esquema de total ilegalidad y opacidad, sin informar ni consultar a comunidades afectadas, generando daños en los territorios y sus fuentes de agua, impacto en la salud y pasivos ambientales que hasta ahora las autoridades correspondientes no se han hecho responsables.

A pesar de la falta de regulación, sin información pública y sin consultar a las comunidades, Petróleos Mexicanos (Pemex) inició la exploración de pozos no convencionales de lutitas en 2006 fracturando hasta ahora 34 pozos exploratorios, en preparación para poder realizar una extracción a gran escala en este tipo de yacimientos. A la fecha se han destinado recursos públicos para su desarrollo, los cuales fueron por 4,063 millones de pesos para este 2024, se indicó.

Tras once años de estar documentando los riesgos e impactos de esta técnica y exigiendo su prohibición, es un logro que esta demanda sea escuchada y haya llegado al Congreso y, por fin, tenga posibilidades reales de volverse ley, por lo que este importante avance no puede ser dejado en el tintero, sino que debe llegar hasta sus últimas consecuencias, concretando el compromiso 75 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está pendiente a unos días de dejar la estafeta.

Finalmente, se reitera el llamado a las y los legisladores federales a asumir este momento histórico de prohibir el fracking y concretando esta iniciativa de reforma constitucional, estableciendo como piso mínimo: “no permitir la extracción de combustibles fósiles en yacimientos no convencionales” y de darse el caso, extenderse a su prohibición total.