XALAPA, Ver., 05 de marzo de 2024.- Habitantes de las comunidades de Santa Ana, Santander y La Defensa del municipio de Alto Lucero se manifestaron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, para exigir la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez la reparación de sus viviendas, que resultaron dañadas por la construcción de la Autopista Poza Rica-Martínez de la Torre-Cardel.

Los manifestantes denunciaron que las afectaciones tienen casi 3 años por las detonaciones realizadas por personal de la empresa Mota Engil, sin tomar las debidas precauciones y dañaron las estructuras de las viviendas y desde hace dos años se está a la espera del peritaje, pero el perito Yonatán Moytano Alarcón, no lo ha entregado y ha obstaculizado el dictamen correspondiente.

“Ya hay una demanda en la Fiscalía General del Estado en contra de la constructora, pero ésta está detenida porque el fiscal correspondiente no quiere entregar los peritajes, en donde al parecer la compañía ya lo compró y a más de 700 días, ese peritaje no llega”, refirió uno de los afectados.

Al respecto, Pablo López Cardozo, abogado y representante legal de los afectados, expresó que son 120 viviendas las afectadas por las explosiones realizadas por la citada constructora como parte de los trabajos de construcción de la autopista, estimándose los daños en 20 millones de pesos aproximadamente y no hay avances por la causa mencionada.

Reiteró que la carpeta está detenida porque el perito designado no ha entregado el dictamen del peritaje desde ese tiempo y el fiscal que lleva el caso está impedido para consignar la carpeta y que se dé curso legal, a fin de poder llamar a la empresa para que se haga cargo de los daños provocados.

Recordó que en un proceso anterior, se logro que se indemnizaran los daños de 96 viviendas, al aceptar la empresas su culpa, pero que las 120 restantes, están a la espera de la resolución, porque sus casas no son aptar para vivir y nadie atiende sus demandas.

Expresó que en octubre del año pasado realizaron otra manifestación en esta capital y se estableció el compromiso de parte de las autoridades gubernamentales de agilizar el proceso legal, pero no hay avances, desconociendo las causas que motivan este retraso.