XALAPA, Ver., 20 de febrero de 2024.- Un año cumplió el plantón que militantes del  Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) realizan en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada de esta capital por el injusto encarcelamiento de Higinio Bustos Navarro, sin tener ninguna respuesta resolutiva de parte del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

También denuncian la impunidad en la que se encuentra el caso de la desaparición forzada de Fidencio Gómez Santiz y la dilación con la que se conduce el caso de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

En un pronunciamiento emitido, con motivo de este acontecimiento, se destaca que a un año de haberse instalado en plantón, el que más tiempo ha durado en la historia de Xalapa, “no hay la mínima muestra de interés del Gobernador del Estado para atender nuestras demandas, al contrario, ha dejado patente su política represiva en contra del FNLS”.

Y ese autoritarismo, se indicó, se refleja en los intentos de desalojo durante el 2023, como el ocurrido el 20 de febrero al instalar el plantón; el 8 de marzo, el 1 de mayo y en el mes de septiembre, en el marco del aniversario del inicio de la Guerra de Independencia.

Así también, en las amenazas veladas y abiertas por elementos de la Policía Estatal, la Fuerza Civil, pero la más cruel fue la tortura y ejecución extraoficial de Gregorio de la Cruz de la Cruz, se añade.

A todo esto, refiere el documento leído públicamente por uno de los militantes, se suma el traslado involuntario e ilegal de Higinio del Cereso de Tantoyuca al Cereso Duport Ostión en Coatzacoalcos, y la criminalización que hace la presidenta de Ixhuatlán de Madero congra el FNLS por exigir nuestras demandas nacionales.

“Estos hechos reflejan la esencia de la política gubernamental del gobierno estatal de Veracruz y el federal, ambos mantienen una postura demagógica, represiva, antipopular y autoritaria. A consecuencia de ello, las víctimas del autoritarismo institucional yu agentes de Estado, no solo somos los militantes del FNLS, también lo son las organizaciones populares, los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y todo aquel que luche por la legítima exigencia del cumplimiento de sus demandas”, se añade.

Se reitera que a un año del plantón, sus demandas no han sido atendidas, menos aún resueltas, pesa más el interés mezquino de los gobernantes que la aplicación imparcial y cabal de la justicia, de tal manera que, a pesar de que la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez, conoce el historial corrupto-venal y recurrente actuación por encima de la ley de la juzgadora Ana María de la Barrera Jiménez, la designó como Juez del juzgado Mixto de Primera Instancia de Tantoyuca, Veracruz.