El día de hoy, los integrantes de la Junta de Coordinación Política tuvimos una reunión de trabajo con el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y magistradas y magistrados que lo acompañaron.

Por primera vez, en el marco de un diálogo republicano y democrático, este órgano de gobierno legislativo intercambia puntos de vista y analiza el marco jurídico que regula las atribuciones constitucionales y legales del TEPJF, así como las particularidades y evolución de los criterios jurisprudenciales en materia electoral, en especial de los últimos 12 meses.

Como todos saben, la Junta de Coordinación Política ha expresado algunas diferencias, normales en un régimen democrático, con los razonamientos y el sentido de las sentencias del TEPJF, mismas que derivan de la división de poderes que otorga competencias al Congreso de la Unión para legislar y crear derecho, mientras que al TEPJF le corresponde aplicarlo al caso concreto y en su caso, interpretarlo.

Esta divergencia no es impedimento para que la Junta de Coordinación Política refrende que el diálogo y la colaboración entre instituciones del Estado mexicano es sustantivo para asegurar la eficacia de los principios fundamentales que rigen la vida pública, en este caso afianzar los avances de las garantías de legalidad y certeza en los procesos electorales. Además, este intercambio supone un punto de partida para que en el proceso electoral en puerta y en los sucesivos, se puedan tener reglas precisas que brinden certeza y seguridad jurídicas a las autoridades electorales y a quienes participan activamente en todas las formas y mecanismos de democracia en nuestro país.

También queremos señalar que para mirar al futuro y asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres a participar integralmente en la vida pública nacional, las coordinaciones de los grupos parlamentarios refrendamos que todas las instituciones del Estado Mexicano están obligadas a cumplir con sus deberes en materia de paridad de género y a tomar acciones para eliminar todas las formas y obstáculos que han impedido a las mujeres ejercer los cargos públicos que en derecho les corresponden.

Por ello, por acuerdo de los Grupos Parlamentarios representados en la Junta de Coordinación Política, hemos determinado solicitar al Comité Técnico de Evaluación que, en el momento oportuno, en la fecha que prevé la convocatoria pública aprobada por el pleno, haga llegar a la Junta de Coordinación Política la lista de cinco personas aspirantes propuestas para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral exclusivamente con personas aspirantes del género femenino.

Esta decisión trascendental de las fuerzas políticas representadas en la H. Cámara de Diputados permitirá que en la próxima conformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral haya paridad y sea una mujer quien encabece dicho órgano constitucional autónomo.