La diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC), mediante una iniciativa promueve reformar y adicionar el artículo 6° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia vicaria.

Plantea definirla como cualquiera de los actos de violencia “ejercidos sobre las hijas o los hijos de la víctima, personas que hayan tenido una relación familiar o afectiva con ella, o contra cosas o personas que tengan un significado especial para ella, con la intención de causar daño a la mujer”.

La propuesta enviada a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen, señala que la violencia vicaria fue definida en 2012 como aquella violencia contra la mujer que no se ejerce directamente a ella, sino en contra de sus hijos, con el fin de herir, violentar y generar un daño psicoemocional.

Asimismo, tiene múltiples y diferentes modalidades, tales como la sustracción forzada de las hijas e hijos de la víctima, promoción de procesos judiciales falsos, dilatación de procesos existentes, evasión del pago de deudas alimentarias, manipulación psicológica de las hijas y los hijos para enemistarlos en contra de la víctima y, en casos extremos, puede llegar a resultar en lesiones físicas o asesinato.

En la exposición de motivos indica que la violencia vicaria es una modalidad de violencia de género que se intersecta con la violencia infantil y, por ende, amplifica el sufrimiento y la injusticia social que ésta causa; sin embargo, históricamente ha sido invisibilizada y todavía son pocos los ordenamientos legales en el mundo donde sí figura, lo cual dificulta o imposibilita su atención al no existir ninguna normativa legal que la considere.

En México, expone, se dio el primer paso para legislar esta forma de violencia el 20 de junio de 2022, mediante la realización del Parlamento Abierto en Materia de Violencia Vicaria, en el cual se expresaron diversos puntos de vista por parte de especialistas, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil.

La conclusión de estos foros fue que la violencia vicaria no debe tener cabida en nuestro país, por lo que es necesario que se aborde desde una perspectiva interseccional de violencia de género y contra la niñez.

Concluye que es necesario diseñar políticas de prevención y reparación integral del daño, así como desarrollar acciones que garanticen el derecho de las personas a una vida libre de violencia, protección de las mujeres y personas de género no masculino y el respeto al interés superior de la niñez.