• El dictamen se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que establece que los centros de conciliación locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas iniciarán actividades a más tardar el 3 de octubre de 2022.

La modificación, avalada con 449 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, es al artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019.

Refiere que la reforma, publicada el 1 de mayo de 2019, estableció en su régimen transitorio plazos específicos para garantizar una efectiva y ordenada transición del nuevo modelo de justicia laboral. Conforme se indica, debe concretarse en un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto, siendo dicha fecha antes del 1 de mayo de 2022.

Con la reforma al Quinto Transitorio, remitida al Senado, se señala que los centros de conciliación locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas iniciarán actividades a más tardar el 3 de octubre de 2022.

Destaca que la finalidad es prorrogar el plazo de inicio de las funciones de las instituciones laborales en las entidades federativas, lo cual es “razonable, adecuado y necesario para lograr los objetivos de la Reforma Laboral y consolidar el nuevo modelo en todo el país”.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recordó que el primero de mayo de 2019 se publicó una reforma histórica que transformó el mundo laboral en México, en favor de la libertad, la democracia, la autonomía sindical y el acceso a una justicia imparcial, expedita y moderna.

Dicha reforma, continuó, implicó la desaparición gradual de las juntas de conciliación y arbitraje, y la creación de los centros de conciliación y tribunales laborales especializados, dependientes del Poder Judicial, dotándolos de competencia para realizar la función conciliatoria a que se refiere el artículo 123 constitucional en materia laboral federal y local, según sea el caso.

Para garantizar una transición efectiva y ordenada del modelo de justicia laboral se establecieron plazos específicos para su implementación. En materia local, la transición debe concretarse en un plazo de tres años, es decir antes del primero de mayo de 2022, indicó.

Explicó que la propuesta marca una fecha cierta para que los centros de conciliación locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas inicien actividades, a fin de tener un sistema de justicia laboral confiable.

El diputado Irán Santiago Manuel (Morena) señaló que la ampliación otorga un plazo mayor para la entrada en funcionamiento de las diferentes autoridades, tribunales laborales y centros de conciliación. La prórroga de cinco meses establece que sea a partir del 3 de octubre del presente año y no como estaba establecido en el artículo Quinto Transitorio para que fuera en el mes de mayo.

“Coincidimos en la necesidad de otorgar esta prórroga para así garantizar que las personas que operen este nuevo sistema de justicia cuenten con la capacitación necesaria previa para cumplir con los objetivos planteados”, puntualizó.

Se desechó la reserva presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena).