El diputado Ramón Díaz Ávila presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que prevé derogar el párrafo segundo del artículo 331 del Código Penal para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo de modificar las penas establecidas para los delitos en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.

Al hacer uso de la voz, el representante del Partido del Trabajo (PT) indicó que se debe estar a favor del derecho a la dignidad humana; sin embargo, las sanciones establecidas en el mencionado artículo pueden considerarse excesivas al imponer penas de cinco a siete años de prisión por el delito de ultrajes a la autoridad.

“Es momento de valorar la pertinencia de la vigente norma, ya que en el fondo pareciera que se pretende restringir libertades, pretextando la lucha contra grupos delincuenciales, pero que en la práctica ponen en riesgo las libertades y, por ende, los derechos humanos de las y los veracruzanos”, señaló.

Ramón Díaz Ávila agregó que “la reforma a este artículo ha provocado abusos de las autoridades, quienes, con los mínimos elementos jurídicos, ponen a disposición de la autoridad a ciudadanos indefensos que tienen como único medio de prueba su palabra”.

Además, dijo el Diputado, la parte acusadora o autoridad en este tipo de delitos, la parte investigadora y el juzgador pueden tener interpretaciones a libre albedrío, lo que pone al acusado prácticamente en indefensión al pasar por tres instancias distintas; además, debe prevalecer una penalidad acorde con la gravedad de los delitos que se cometen, haciendo valer la aplicación justa de la ley.

Insistió en que debe preservarse el estado de derecho de las y los ciudadanos e impedir que subsistan preceptos que limiten sus libertades, por lo que puede evitarse la criminalización de las personas a través de actos interpretativos y racionales, que motivan y alientan la fabricación de delitos.

Para su estudio y análisis, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) y la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán.