Irineo Pérez Melo
Xalapa / 2021-04-09

Xalapa, Ver., 09 de abril de 2021.- Con las reformas a las leyes en materia de seguridad pública, recién aprobadas por el Congreso del Estado, se darán las condiciones para garantizar una mayor esperanza y seguridad, que es la legítima demanda externada por todos los veracruzanos.

Esto lo aseguró el diputado con licencia Carlos Manuel Jiménez Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública del Congreso del Estado, quien destacó la preocupación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez por prevenir, atender y resolver el problema de la inseguridad, considerado como el enemigo público número uno que ha enlutado a miles de familias y que a muchas otras las tiene en la zozobra e incertidumbre.

Entrevistado, sobre el paquete de leyes y decretos en materia de seguridad, aprobadas recientemente por el pleno de la LXV Legislatura del Congreso local, estableció que con estas medidas se darán las condiciones para vigilar y prevenir hechos delictuosos que han afectado la vida y el patrimonio de las familias veracruzanas.

De esta manera, dijo el conocido coloquialmente por sus coterráneos como El Potrillo, el gobierno estatal estará en condiciones de enfrentar una lucha frontal en contra de la delincuencia, sin contemplaciones ni simulaciones contra quienes irrumpen el orden y la tranquilidad social.

Recalcó que el decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por la Comisión Permanente de Seguridad Pública, que encabeza, le otorgan atribuciones al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, indispensables para la observancia efectiva de las leyes, con el propósito de que las y los veracruzanos cuenten con un mejor servicio y estén garantizadas su seguridad y tranquilidad.

Explicó que derivado de esta reforma, quien encabece la Secretaría de Seguridad Pública coordinará, dirigirá y vigilará la política estatal en materia de prevención y reinserción social, de evaluación y supervisión de medidas cautelares, así como de la suspensión condicional del proceso, de conformidad con las leyes de la materia.

Entre las facultades de la reforma, destacan también la de controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifique el órgano jurisdiccional, así como organizar la administración y operación del Sistema Penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción social de la persona sentenciada.

Se añade también las consistentes en administrar, con estricto apego a los derechos humanos, los centros penitenciarios, proponer ante los órganos jurisdiccionales los beneficios de liberaciones previas, libertades anticipadas, sanciones no privativas de libertad y traslado de personas privadas de su libertad, así como atender las solicitudes de extradición, amnistía e indulto, subrayó el legislador misantleco.

Conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás disposiciones aplicables, tendrá además la atribución de administrar y resguardar los centros especializados para este grupo poblacional, añadió.

Tendrá, además, en sus atribuciones la realización de los traslados de las personas privadas de su libertad, ordenados por los órganos jurisdiccionales, a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias, brindándoles seguridad y custodia en dichos espacios, así como cumplir los mandamientos judiciales solicitados por los jueces y las autoridades ministeriales.

Recordó los datos ofrecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según los cuales en Veracruz los delitos de alto impacto han disminuido de manera importante y ello es derivado de las acciones que se han emprendido para blindar al estado de la delincuencia.

Finalmente, reconoció que, si bien aún queda mucho por hacer, el Gobierno del Estado combate de manera efectiva a quienes intenten alterar el orden y la tranquilidad social y a quienes cometen ilícitos.

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