Xalapa / 2019-03-07

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó, durante los trabajos de la Quinta Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, la Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil para el Estado, y que toma en consideración, particularmente, el alto índice de demandas de divorcios, las sentencias que tutelan primordialmente los derechos de las y los menores y la falta de cultura para ponderar los convenios con relación a los bienes adquiridos durante el matrimonio.

Esta falta de certeza jurídica, señaló Ortega Ruiz, ha generado disputas judiciales muchas veces interminables y desgastantes. De ahí la importancia de que se regule la pensión compensatoria en el Código Civil del Estado, para evitar juicios prolongados, que se dicten sentencias más ajustadas a Derecho y exista certeza legal para quien la demanda.

Asimismo, que para evitar esta discriminación y desigualdad, es indispensable reformar nuestro Código Civil sustantivo para efecto de que las mujeres u hombres que, en su caso, se hayan dedicado exclusivamente a las labores del hogar y cuidado de sus familias, después de una separación o divorcio, logren vivir en condiciones dignas.

Agregó la legisladora del PAN, en tribuna, que la manera de retribuirle económicamente por el trabajo realizado en el tiempo que duró su relación de matrimonio o concubinato, es a través de esta pensión compensatoria. Conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Veracruz, destacó, la omisión de una pensión compensatoria cae en el supuesto de violencia patrimonial, que afecta la supervivencia de la mujer al significarle la retención de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades.

Esta reforma, agregó la legisladora, propuesta por el Grupo Legislativo del PAN en materia de pensión compensatoria, tiene como base, además de las circunstancias sociales antes mencionadas, el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió la contradicción de tesis 20/2012, respecto del “estado de necesidad manifiesta” de uno de los cónyuges.

Estamos obligados, reiteró la diputada Ortega Ruiz, a promover el bienestar social y elevar el nivel de vida de las personas. Reconocer que el derecho a los alimentos no puede ser susceptible de variación perjudicial y que el juzgador debe equilibrar los derechos, sin vulnerar al cónyuge que pudiera resultar más afectado debido a su condición económica o estado de necesidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Punto de Acuerdo para garantizar derechos humanos de infantes.

En una segunda intervención, durante la Quinta Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, la diputada Montserrat Ortega Ruiz dio lectura a su Anteproyecto de Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta a diversas autoridades a garantizar los derechos humanos de la primera infancia.

Así, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se realicen las reasignaciones presupuestarias necesarias para restituir el presupuesto que se recortó en este ejercicio 2019, al “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres trabajadoras”, dotándole de un monto adicional de al menos 2,029 millones de pesos al aprobado para el ejercicio fiscal 2019.

De igual forma, al Coordinador de Programas Federales en Veracruz que informe a esta Soberanía cuántas estancias infantiles operan en el estado, bajo el programa citado, en cuántas de éstas se detectaron posibles actos de corrupción en su operación, cuál ha sido la metodología para detectar estas irregularidades, y en su caso, cuántos procedimientos administrativos se han iniciado.

Mediante el mismo Punto de Acuerdo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Bienestar, a efecto de que se emitan, de manera inmediata, las reglas de operación para acceder a los recursos públicos para los refugios para mujeres víctimas de violencia, para el ejercicio 2019, que se encuentran en operación en toda la República Mexicana.

El Punto de Acuerdo se turnó a la Junta de Coordinación Política.

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