Xalapa / 2018-12-02

A las 00:01 horas de este 1 de diciembre rindió la protesta de ley, ante el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo anterior, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado y para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024.

Tras dar inicio a la sesión solemne, el presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, comisionó a los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Sergio Hernández Hernández, Gonzalo Guízar Valladares, Brianda Kristel Hernández Topete, Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, para acompañar al interior del Recinto Oficial de Sesiones, al Ejecutivo estatal.

Las diputadas Cristina Alarcón Gutiérrez, Florencia Martínez Rivera e Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Juan Manuel de Unánue Abascal, y Juan Carlos Molina Palacios, hicieron lo propio con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Edel Humberto Álvarez Peña.

Posteriormente, el diputado Pozos Castro reanudó la sesión y se realizaron los honores a la bandera.

Acto seguido, el ingeniero García Jiménez, ante el Pleno de la LXV Legislatura, rindió la protesta de ley en los términos siguientes:

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden”.

Ante la presencia de senadores, diputados federales, presidentes municipales, Colectivos de Desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil, dirigió un mensaje desde la tribuna del Congreso del Estado, donde hizo pública la Declaratoria de Crisis en Materia de Derechos Humanos por Desaparición de Personas con lo que se establecerá un programa emergente de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia y la verdad, así como la reparación del daño, por violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas.

El mandatario estatal entregó una copia de esta Declaratoria al presidente del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro e informó que, de igual manera, entregará una copia al próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que las administraciones gubernamentales de Veracruz anteriores no cumplieron con su función, por lo que ahora no solo manifiestan tener esa problemática, “nuestro Gobierno acepta y reconoce que a las víctimas no se les ha hecho justicia, por lo que se les brindará acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño y en ese contexto, localizar a todas las personas desaparecidas”.

Este programa tendrá, como acciones más relevantes, la creación del Centro o Instituto Forense, para atender la magnitud de la crisis y así procesar los hallazgos con la finalidad de darles identidad a las personas que no han sido identificadas.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas contará con una policía especializada que acompañará la búsqueda y la Dirección General de Desarrollo Político será convertida en una Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos que deberá elaborar un diagnostico real sobre la situación de desapariciones en Veracruz.

En otro sentido, extendió la invitación a los poderes Legislativo y Judicial para que aporten, con lo que esté a su alcance y en estricto respeto a la división de poderes, a trabajar en la unidad para el tránsito hacia el Veracruz que el pueblo pide.

Anunció que solicitará a esta Soberanía una petición para la disminución real del salario de altos funcionarios de su Gobierno. En una percepción de 23, 13, 9 y 7 por ciento, respectivamente, desde el titular del Ejecutivo, los funcionarios de su Gabinete hasta directores de área.

Además –señaló- se eliminará el pago de telefonía celular, seguros de gastos médicos mayores, contratación de seguridad, rentas de casas, compra de vehículos para uso personal, “así como otras prebendas indebidas a costa del erario, se acabaron los privilegios para la clase gobernante”, abundó.

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