27 de Noviembre de 2024
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Cuestionan diputadas (os) despidos masivos e inversión realizada a empresas
Xalapa / 2018-11-25
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La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, presidida por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, recibió la comparecencia de la titular de la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado (STPSP), Silvia Edith Mota Herrera, en la que diputadas y diputados la cuestionaron en relación a las estrategias para mantener los empleos e incrementarlos, el apoyo a personas que fueron despedidas injustificadamente, y la inversión realizada para la vinculación empresarial, entre otros temas.
La Comisión, integrada también por la diputada Erika Ayala Ríos, secretaria y el legislador Sergio Hernández Hernández, vocal, dio inició a las 10:00 horas, a la comparecencia de la titular de la STPSP, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.
En la primera ronda, la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, señaló que en esta administración estatal se registró el despido masivo de trabajadores, con lo que miles de familias se quedaron sin el sustento diario; por lo que preguntó cuántos despidos se realizaron, qué criterios se tomaron en cuenta para ello, el monto de las indemnizaciones, las acciones para apoyar a pensionados que exigen sus pagos, el número de personas contratadas en su área, estrategias para la incorporación al ámbito laboral de personas con discapacidad o adultos mayores, así como el total de empleos creados en el distrito de Martínez de la Torre.
La funcionaria contestó que en su secretaría no se realizó ningún despido injustificado, sino que algunos trabajadores concluyeron su contrato y ya no se les renovó. Agregó que iniciaron con 344 plazas y como parte la contención del gasto se ajustaron a 324 plazas, dado que había duplicidad de funciones. Destacó que a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), apoyaron con el programa “Abriendo Espacios” a 827 personas con discapacidad.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Enrique Cambranis Torres, preguntó qué programas implementan para mantener los empleos e incrementarlos, la inversión del Gobierno Federal para empleo en la entidad y las estrategias para evitar que los trabajadores agrícolas se vean perjudicados ante la entrada del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como los nuevos convenios laborales con otros países.
La secretaria respondió que se mantuvo una relación de cercanía con empresas para evitar huelgas; fueron incrementados los programas de capacitación, autoempleo y vinculación de trabajadores. Informó que se colocaron dos mil 26 trabajadores en 127 municipios y que el Gobierno Federal otorgó 19 millones de pesos (MDP), para estas acciones. Señaló que se llevaron a cabo 25 ferias de empleo; que el TLC no afecta el programa de trabajadores agrícolas y que hay tratos con Alemania, pero que una de las limitantes es el idioma.
El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, diputado Gonzalo Guízar Valladares, preguntó sobre el tema de los trabajadores despedidos del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), de los municipios de Boca del Río y Veracruz y si existe algún candado para evitar que una empresa reciba beneficios duplicados de capacitaciones a su personal; a lo que la funcionaria contestó que han llevado a cabo pláticas con la líder del sindicato del SAS toda vez que no quieren la indemnización de Ley, sino que piden la reinstalación laboral y el sistema no tiene la capacidad financiera para esta acción.
Indicó que sí, existe el candado para que una empresa no reciba nuevamente beneficios por los cursos de capacitación y que además hay el compromiso, entre la dependencia y la empresa, de contratar al menos el 80 ó 90 por ciento de las personas que participaron en ellos.
Por parte del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Jorge Moreno Salinas, requirió información sobre qué han hecho para combatir el rezago en la Junta Local y por qué la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha atendido la problemática de la compañía tabacalera y del Tecnológico, ambos de San Andrés Tuxtla.
Mota Herrera respondió que la Secretaría implementó que, al momento de la recepción de la demanda, se otorgue la fecha para la primera audiencia en un plazo no mayor de 30 días, a fin de que no exista rezago.
Sobre el tema de San Andrés Tuxtla dijo que fue la Junta Local la que dio la atención oportuna, conforme a derecho, y abundó que el caso del Tecnológico ya fue solucionado, firmándose el convenio respectivo.
Durante la segunda ronda de preguntas y respuestas, el diputado Sergio Hernández Hernández, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó cuáles fueron sus retos y qué se debe hacer para potencializarlos.
La Secretaria de despacho dijo que los retos fueron enormes, porque no había recursos, ejemplificó que el primer día les cortaron el servicio de agua y debían rentas de algunas Juntas en el Estado, mismas que durante su administración fueron mejoradas.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares, cuestionó sobre qué hacer y cómo retomar la falta de pago a empresarios veracruzanos.
Mota Herrera subrayó que el cierre de las empresas sí ha impactado al dejar a cientos de trabajadores sin los recursos para el sustento diario, por lo que propondrá al Ejecutivo la creación de un Fideicomiso para que los recursos de bienes recuperados, por el Estado, sean destinados al pago de adeudos con empresarios.
Por parte del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Erika Ayala Ríos preguntó sobre las implicaciones de la reforma a la Ley que afectaría a los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA), qué pasará con los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), los rezago en las Juntas y las acciones para atender las Alertas de Violencia de Género (AVG), decretadas para Veracruz y quiénes integran los Comités de Vigilancia laboral.
La secretaria contestó que, a partir de la reforma laboral de 2017, se espera la legislación secundaria toda vez que hay inquietud del personal de las Juntas de Conciliación ya que la mayoría de los organismos de los poderes no quieren al personal para que asuman el cargo de jueces de lo laboral.
Se prevé –indicó- que las Juntas sigan funcionando de tres a cinco años para que saquen el rezago que tienen; que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) no verá afectado su relación con la Secretaría ya que tienen patrimonio; añadió que en esta administración se dictan de 20 a 30 laudos a diferencia de hace años que solo eran de uno a tres. Expuso que los Comités de Vigilancia fueron instalados en 11 municipios y que están integrados de forma institucional, presidido por el presidente municipal de la zona en que esté asentado.
De igual forma, la diputada Montserrat Ortega Ruiz, de la bancada del PAN, preguntó qué hizo la Secretaría para abatir el trabajo infantil no permitido y cómo se trabaja para frenar el estado de vulnerabilidad para niñas y niños. La secretaria indicó que a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) han firmado 95 convenios con organizaciones sindicales para establecer, en sus respectivas clausulas, no contratar personal infantil y se realicen visitas periódicas a empresas para vigilar que no haya niñas o niños trabajando.
Por otra parte, la diputada Margarita Corro Mendoza, del Grupo Legislativo de MORENA, preguntó si la Secretaría tiene un censo de trabajadoras agrícolas de la entidad, qué se hace para garantizarles un salario digno como lo marca la Ley, las políticas para brindarles, a las personas de las sierra, acceso a seguros de empleo y sobre la explotación laboral infantil.
La secretaria respondió que los trabajadores agrícolas no tienen seguridad social y que realizan sus jornadas en temperaturas extenuantes, por lo que se vigila que los espacios, ofertados por las empresas, sean dignos, ya que no solo viajan los padres, sino en ocasiones también los hijos.
Para finalizar, del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez preguntó, qué acciones emplean para evitar la explotación laboral infantil, cuáles son las zonas territoriales con mayores conflictos laborales y qué sindicatos, con sus políticas, perjudican los derechos de los trabajadores de la entidad.
La Secretaria reiteró que no tienen ninguna denuncia por explotación laboral infantil, en cuanto a las zonas territoriales con mayor conflicto dijo que son Coatzacoalcos y Veracruz y sobre el tema de los sindicatos señaló que sólo existen abusos de la organización patronal de transportistas, especializados en materiales de construcción, ya que cualquier persona que desee dedicarse a esta actividad deberá pagar obligatoriamente la cuota, aunque no sean parte de la organización.
La legisladora Adriana Esther Martínez, presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, agradeció a la secretaria y, a las 13:51 horas, concluyó la comparecencia.
La Comisión, integrada también por la diputada Erika Ayala Ríos, secretaria y el legislador Sergio Hernández Hernández, vocal, dio inició a las 10:00 horas, a la comparecencia de la titular de la STPSP, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.
En la primera ronda, la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, señaló que en esta administración estatal se registró el despido masivo de trabajadores, con lo que miles de familias se quedaron sin el sustento diario; por lo que preguntó cuántos despidos se realizaron, qué criterios se tomaron en cuenta para ello, el monto de las indemnizaciones, las acciones para apoyar a pensionados que exigen sus pagos, el número de personas contratadas en su área, estrategias para la incorporación al ámbito laboral de personas con discapacidad o adultos mayores, así como el total de empleos creados en el distrito de Martínez de la Torre.
La funcionaria contestó que en su secretaría no se realizó ningún despido injustificado, sino que algunos trabajadores concluyeron su contrato y ya no se les renovó. Agregó que iniciaron con 344 plazas y como parte la contención del gasto se ajustaron a 324 plazas, dado que había duplicidad de funciones. Destacó que a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), apoyaron con el programa “Abriendo Espacios” a 827 personas con discapacidad.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Enrique Cambranis Torres, preguntó qué programas implementan para mantener los empleos e incrementarlos, la inversión del Gobierno Federal para empleo en la entidad y las estrategias para evitar que los trabajadores agrícolas se vean perjudicados ante la entrada del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como los nuevos convenios laborales con otros países.
La secretaria respondió que se mantuvo una relación de cercanía con empresas para evitar huelgas; fueron incrementados los programas de capacitación, autoempleo y vinculación de trabajadores. Informó que se colocaron dos mil 26 trabajadores en 127 municipios y que el Gobierno Federal otorgó 19 millones de pesos (MDP), para estas acciones. Señaló que se llevaron a cabo 25 ferias de empleo; que el TLC no afecta el programa de trabajadores agrícolas y que hay tratos con Alemania, pero que una de las limitantes es el idioma.
El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, diputado Gonzalo Guízar Valladares, preguntó sobre el tema de los trabajadores despedidos del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), de los municipios de Boca del Río y Veracruz y si existe algún candado para evitar que una empresa reciba beneficios duplicados de capacitaciones a su personal; a lo que la funcionaria contestó que han llevado a cabo pláticas con la líder del sindicato del SAS toda vez que no quieren la indemnización de Ley, sino que piden la reinstalación laboral y el sistema no tiene la capacidad financiera para esta acción.
Indicó que sí, existe el candado para que una empresa no reciba nuevamente beneficios por los cursos de capacitación y que además hay el compromiso, entre la dependencia y la empresa, de contratar al menos el 80 ó 90 por ciento de las personas que participaron en ellos.
Por parte del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Jorge Moreno Salinas, requirió información sobre qué han hecho para combatir el rezago en la Junta Local y por qué la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha atendido la problemática de la compañía tabacalera y del Tecnológico, ambos de San Andrés Tuxtla.
Mota Herrera respondió que la Secretaría implementó que, al momento de la recepción de la demanda, se otorgue la fecha para la primera audiencia en un plazo no mayor de 30 días, a fin de que no exista rezago.
Sobre el tema de San Andrés Tuxtla dijo que fue la Junta Local la que dio la atención oportuna, conforme a derecho, y abundó que el caso del Tecnológico ya fue solucionado, firmándose el convenio respectivo.
Durante la segunda ronda de preguntas y respuestas, el diputado Sergio Hernández Hernández, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó cuáles fueron sus retos y qué se debe hacer para potencializarlos.
La Secretaria de despacho dijo que los retos fueron enormes, porque no había recursos, ejemplificó que el primer día les cortaron el servicio de agua y debían rentas de algunas Juntas en el Estado, mismas que durante su administración fueron mejoradas.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares, cuestionó sobre qué hacer y cómo retomar la falta de pago a empresarios veracruzanos.
Mota Herrera subrayó que el cierre de las empresas sí ha impactado al dejar a cientos de trabajadores sin los recursos para el sustento diario, por lo que propondrá al Ejecutivo la creación de un Fideicomiso para que los recursos de bienes recuperados, por el Estado, sean destinados al pago de adeudos con empresarios.
Por parte del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Erika Ayala Ríos preguntó sobre las implicaciones de la reforma a la Ley que afectaría a los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA), qué pasará con los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), los rezago en las Juntas y las acciones para atender las Alertas de Violencia de Género (AVG), decretadas para Veracruz y quiénes integran los Comités de Vigilancia laboral.
La secretaria contestó que, a partir de la reforma laboral de 2017, se espera la legislación secundaria toda vez que hay inquietud del personal de las Juntas de Conciliación ya que la mayoría de los organismos de los poderes no quieren al personal para que asuman el cargo de jueces de lo laboral.
Se prevé –indicó- que las Juntas sigan funcionando de tres a cinco años para que saquen el rezago que tienen; que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) no verá afectado su relación con la Secretaría ya que tienen patrimonio; añadió que en esta administración se dictan de 20 a 30 laudos a diferencia de hace años que solo eran de uno a tres. Expuso que los Comités de Vigilancia fueron instalados en 11 municipios y que están integrados de forma institucional, presidido por el presidente municipal de la zona en que esté asentado.
De igual forma, la diputada Montserrat Ortega Ruiz, de la bancada del PAN, preguntó qué hizo la Secretaría para abatir el trabajo infantil no permitido y cómo se trabaja para frenar el estado de vulnerabilidad para niñas y niños. La secretaria indicó que a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) han firmado 95 convenios con organizaciones sindicales para establecer, en sus respectivas clausulas, no contratar personal infantil y se realicen visitas periódicas a empresas para vigilar que no haya niñas o niños trabajando.
Por otra parte, la diputada Margarita Corro Mendoza, del Grupo Legislativo de MORENA, preguntó si la Secretaría tiene un censo de trabajadoras agrícolas de la entidad, qué se hace para garantizarles un salario digno como lo marca la Ley, las políticas para brindarles, a las personas de las sierra, acceso a seguros de empleo y sobre la explotación laboral infantil.
La secretaria respondió que los trabajadores agrícolas no tienen seguridad social y que realizan sus jornadas en temperaturas extenuantes, por lo que se vigila que los espacios, ofertados por las empresas, sean dignos, ya que no solo viajan los padres, sino en ocasiones también los hijos.
Para finalizar, del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez preguntó, qué acciones emplean para evitar la explotación laboral infantil, cuáles son las zonas territoriales con mayores conflictos laborales y qué sindicatos, con sus políticas, perjudican los derechos de los trabajadores de la entidad.
La Secretaria reiteró que no tienen ninguna denuncia por explotación laboral infantil, en cuanto a las zonas territoriales con mayor conflicto dijo que son Coatzacoalcos y Veracruz y sobre el tema de los sindicatos señaló que sólo existen abusos de la organización patronal de transportistas, especializados en materiales de construcción, ya que cualquier persona que desee dedicarse a esta actividad deberá pagar obligatoriamente la cuota, aunque no sean parte de la organización.
La legisladora Adriana Esther Martínez, presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, agradeció a la secretaria y, a las 13:51 horas, concluyó la comparecencia.
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