Xalapa / 2018-09-06

• Cuando se creó la Séptima Sala en el 2003, atendía 8 mil asuntos al año; en la actualidad cerrará el año con sólo 3 mil expedientes, señala el Secretario de Acuerdos, Andrés Domínguez Fernández

Andrés Domínguez Fernández, Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, informó que ante la inédita situación que atraviesa el Poder Judicial con la ausencia de 13 Magistrados, el pleno del TSJ autorizó por mayoría de votos disminuir el número de salas relacionadas con el tema penal al pasar de cuatro a tres.

Sostuvo que de acuerdo con estadísticas de las mesas de turno, durante los últimos 10 años las Salas Penales han visto disminuida su carga laboral en un 49% luego de la entrada en vigor de la oralidad, ya que el nuevo sistema acusatorio tiende a la conciliación y a la solución anticipada de conflictos.

Indicó que esta medida permitiría un ahorro de 35 millones de pesos entre gastos operativos y nómina, con lo que el Poder Judicial de Veracruz se suma a la austeridad republicana en el nuevo paradigma que vive el país.

Señaló que al desaparecer una de las Salas Penales, se nivelará la carga de trabajo atendido por cada una de las salas que integran el Tribunal Superior de Justicia, al quedar en 1,109 asuntos por Sala Penal; 1,220 asuntos por Sala Civil y 1,414 asuntos por Sala Familiar.



Entre los beneficios que traerá consigo esta decisión se encuentra la mejora en la integración de las salas pues en el caso de los Magistrados que forman parte de la séptima sala, éstos se integrarán a alguna de las ponencias vacantes que existen en la 1ra, 3ra y 5ta salas, y con ello se logrará una colegiación constituida íntegramente por Magistrados, en tanto el próximo Gobernador del Estado nombra a los nuevos integrantes.

Reiteró que el personal adscrito a la sala que desaparece, será reubicado en su totalidad en espacios de igual o mejor categoría dependiendo de sus perfiles y atendiendo a las necesidades del servicio:

“Estamos tomando medidas legales para que la justicia no se detenga; este es el primer paso que va a tomar el Poder Judicial para sumarse a la austeridad republicana en el nuevo paradigma que tenemos de país; con esta decisión, al no requerirse una sala más, vamos a ahorrar más de 35 millones de pesos al año; lo cual se puede focalizar en áreas donde hay que darle un mayor apoyo como ampliar la red de juzgados de primera instancia; la red de actuarías; las salas de juicios orales, más tecnología, etc.”

Reiteró que en la sesión del Pleno de Magistrados se tomaron dos acuerdos: primero, la supresión de la 7ª Sala a partir del 17 de septiembre; y segundo, que la Sala Constitucional va a tomar facultades auxiliares, para que conozca de las demás materias; sobre todo en las que haya exceso de carga de expedientes.

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