Xalapa / 2018-05-31

Xalapa, Ver. 30 de mayo de 2018.- El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 204/2018, fue promovido por Lorenzo Utrera León y otros ciudadanos, en su calidad de integrantes de la Congregación El Guarumbo, en contra la designación de Laurencio León García, como Agente Municipal de la Congregación citada.



Al respecto, los inconformes manifestaron, las omisiones del Ayuntamiento y la Junta Municipal Electoral, ambas de Actopan, Veracruz, de realizar un proceso electivo para elegir al Agente Municipal de la Congregación El Guarumbo, por lo que se designó a Laurencio León García, como Agente Municipal de la misma, sin tomar en cuenta la votación de los ciudadanos que integran la referida congregación.



En esa medida, de las constancias que integran el expediente, quedó plenamente evidenciado que la extinta Junta Municipal Electoral incurrió en una omisión al no haber realizado la elección de Agente Municipal, para que los ciudadanos de la misma, eligieran democráticamente a su Agente Municipal, con independencia que hubiese procedido únicamente el registro de un solo candidato. Además, se acredita que el Ayuntamiento responsable no llevó a cabo la publicación de la convocatoria respectiva, para que los ciudadanos estuvieran en actitud de participar en la multicitada elección.



El Tribunal Electoral de Veracruz, estimó que se obstaculizó el derecho de votar en agravio de la ciudadanía, lo que conllevó a que el Presidente Municipal de Actopan, emitiera un nombramiento de forma directa, lo que rompió con la naturaleza de cualquier competencia democrática.



En conclusión, ante lo fundado de las omisiones denunciadas, se ordenó revocar el acta por la que tomo protesta únicamente Laurencio León García como Agente Municipal, así como el nombramiento respectivo, emitido por el Presidente Municipal y ordenar la realización de una nueva elección, en la que restituya a los promoventes en el uso y goce de su derecho a votar.









TEV da vista a la Contraloría General del Estado para que proceda conforme a derecho contra los representantes de la asociación “Yúnete”



En el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 4 de este año, promovido por los partidos PRI y MORENA, se declara la existencia de la vulneración al artículo 134 de la Constitución federal y 79 de la local, por promoción personalizada de un servidor público, así como por violaciones en materia de propaganda electoral.



Los denunciantes manifiestan que el 8 de septiembre de 2017 diversos funcionarios públicos repartieron despensas con logos, colores y tipología utilizada por la familia “YUNES”, bajo la asociación civil “YÚNETE” a personas de los municipios de Jamapa, Cotaxtla, Medellín, Minatitlán y Coatzacoalcos, que a través de dicha asociación se utilizaron recursos públicos, se promocionó el apellido “Yunes” y a los partidos políticos PAN y PRD, con el fin de influir en los procesos electorales federal y local.



Ahora bien, por cuanto hace a los actos anticipados de precampaña o campaña, sobre este tema, si bien en el presente caso se acreditan los elementos personal y temporal, lo cierto también es que no se acredita el elemento subjetivo, toda vez que no se demuestra ni siquiera indiciariamente, que en la fecha en la que ocurrieron los hechos, Miguel Ángel Yunes Márquez, se haya manifestado formal y públicamente como precandidato o candidato del PAN.



De las pruebas que obran en el expediente no existe un llamamiento expreso al voto a favor o en contra de alguno de los servidores públicos denunciados o la difusión de una plataforma político electoral, indispensable para actualizar los actos anticipados de precampaña o campaña.



El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinó que los ex funcionarios Rafael Jesús Abreu Ponce y Ricardo de Jesús Cabrera Férez, deberán ser investigados por la Contraloría General del Estado, por su participación en la distribución de despensas en Coatzacoalcos con el slogan “Yúnete”, quienes sin anuencia gubernamental repartieron apoyos a damnificados por el sismo en Coatzacoalcos, utilizando colores y tipografías similares a partidos políticos el pasado 11 de septiembre del 2017.



En ese sentido, se expresa que, tanto Rafael Jesús Abreu Ponce y Ricardo de Jesús Cabrera Férez, aceptaron los hechos e incluso el primero de los nombrados establece ser el representante de la asociación, de ahí que se dé vista a la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que, en el ámbito de responsabilidades de los servidores públicos, proceda con forme a derecho, esto ante la eventualidad de que los mencionados ya no laboran en donde se desempeñaban al momento de los hechos.

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