El diputado Marco Antonio Martínez Amador presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa que prevé reformar el párrafo octavo del artículo 4° de la Constitución Política del Estado para establecer que a los justiciables miembros de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas se garantizará el acceso a asistencia jurídica gratuita, a través de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su idioma y lengua.

Al participar en la segunda sesión ordinaria, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, el legislador explicó que con esta modificación busca garantizar la defensa a los justiciables pueblos originarios o afromexicanos que no dominen el castellano y, a su vez, impulsar una legislación más igualitaria para promover juicios más justos.

El representante del Distrito de Acayucan dijo que en el estado de Veracruz hay aproximadamente 663 mil personas pertenecientes a pueblos indígenas, “siendo la cuarta entidad federativa con mayor población en todo el país con un equivalente del 9.3 por ciento de la población indígena según datos del Inegi. La mayoría en condiciones de vulnerabilidad social y económica lo que da una dimensión del problema”.

Agregó que la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el estado de Veracruz reconocer y protege a los pueblos indígenas náhuatl, huasteco, tepehua, otomí, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco, así como a todos aquellos que estén asentados en la entidad.

Asimismo, habló sobre los Tratados Internacionales de los que México es parte y precisó que estos ordenamientos se advierte el derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas, el derecho a que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas; proporcionando para ello servicios de interpretación u otros medios adecuados.

El legislador detalló que en el ámbito internacional se reconoce el derecho de los pueblos originarios a ser actores en procesos legales justos y equitativos, “enfatizando su derecho a acceder a una interlocución e información comprensible la cual se da, como resulta obvio para quienes no son hispanohablantes, a través de la asistencia de un intérprete así como también por conducto de un representante legal que además de hablar su lengua originaria conozca su cultura y costumbres”.

Destacó que en la elaboración de la iniciativa y acorde con lo dispuesto en la legislación, realizó Foros de Consulta a los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que cualquier propuesta, plan o programa, e inclusive política pública, debe tener su consentimiento, ya que les impacta directamente.

Al respecto, informó que realizó foros el pasado 10 y 16 de julio en las ciudades de Acayucan y Chicontepec para conocer a detalle las aportaciones de las y los integrantes de los grupos originarios, “la consulta implica la obtención del consentimiento previo, libre e informado respecto de la implementación de reformas o modificaciones legislativas, que impacte los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de nuestros pueblos originarios y afromexicanos”.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.