La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó al Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto que prevé adicionar la fracción III al Artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para establecer que son veracruzanos las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano.

En su propuesta, turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, la legisladora expone que existe la necesidad de actualizar el precepto constitucional referido, toda vez que como se encuentra discrimina injustificadamente a las y los mexicanos nacidos fuera de Veracruz, pero que son ascendientes de hijos veracruzanos, o bien que han demostrado arraigo en la entidad a través de una residencia efectiva por cinco años.

La Diputada del Grupo Legislativo de Morena expone el caso de las personas que llegan al territorio veracruzano con la esperanza de crecimiento, inversión y nuevas oportunidades de vida y que, a la postre, con su trabajo y esfuerzo, aportan a la vida pública y a la sociedad de forma política, económica y cultural, abonando con ello al crecimiento y desarrollo del estado de Veracruz.

Añade que, al identificarse con dicha cultura y territorio, deciden establecerse para adoptar esta identidad como propia, algunos incluso relacionándose afectivamente, conformando familia y descendencia con personas de la región, demostrando así la vinculación existente con el estado.

En consecuencia, refiere que legislaciones de entidades como Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Durango, Campeche y Baja California Sur han reconocido la posibilidad de que mexicanas o mexicanos no nacidos en sus respectivos territorios adquieran la ciudadanía por residencia.

Por otra parte, detalla que, a partir de la reforma realizada a la Constitución Política federal en 2011, el Estado mexicano adoptó una nueva visión y postura sobre el derecho, donde todas las personas deben gozar de los derechos humanos y, en consecuencia, las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, deben ser las encargadas de proteger, promover, respetar y garantizar estos derechos al amparo de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.