El legislador Ramón Díaz Ávila propuso a la Diputación Permanente del Congreso de Veracruz la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal para crear el delito de transfeminicidio y sancionar con penas de 40 a 70 años de prisión a quien, por razón de identidad o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro de género femenino.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) subrayó que el transfeminicidio fue reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como el primero en el país, a raíz del asesinato de Paola Buenrostro, en 2016, que suscitó una Iniciativa para tipificar el delito de transfeminicidio, lo que se logró concretar con su incorporación en febrero de 2024 en el Código Penal del Estado de Nayarit, la primera entidad en establecerlo.

Agregó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó y recomendó en marzo de este año, legislar y normar en las entidades federativas sobre materia trans, proponiendo que establezca en los códigos penales el transfeminicidio. Actualmente solo dos entidades han legislado al respecto.

El diputado Ramón Díaz precisó que, de acuerdo con datos de la organización Transgender Europe, de 2008 a 2023, México ocupó el segundo lugar mundial en transfeminicidios con 701 casos, solo superado por Brasil, con mil 841.

Asimismo, expuso que con información de colectivos y organizaciones LGBTTTIQ+, en México existen aproximadamente 908 mil personas con identidad de género trans, quienes en su mayoría sufren diversos ataques, discriminación y vulnerabilidad.

Destacó que el Centro de Apoyo a la Identidades Trans (CAIT), que se dedica a documentar los asesinatos de las personas trans, señala que las entidades que se mantienen con el mayor número de incidencias en los años de 2008 a 2023 son: Veracruz con 80 casos; Guerrero con 60, Estado de México con 57 y Ciudad de México con 43.

Por último, dijo que al Poder Legislativo le corresponde normar la protección de los derechos ciudadanos. “Escuchar la voz de todas y todos es nuestro deber y como legisladores debemos actuar por dignificar el papel de la ciudadanía y principalmente de aquellos grupos que son excluidos por gran parte de la sociedad”, concluyó.

La iniciativa que reforma y adiciona el Capítulo VII Quater del Título XXI, así como el artículo 367 Quater del Código Penal del estado, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron la diputada Ruth Callejas Roldán y el diputado Miguel David Hermida Copado.