** Ante los cuestionamientos del Legislador, admite que no funciona la página del SEA y no se había dado cuenta.

** Se deslinda del caso Araly, primero dijo que tenía un informe, luego afirmó que lo revisó la ASF.

Xalapa, Ver., enero de 2024.- “Me parece inverosímil que todo lo que hemos señalado y que consta en actas de la Comisión de Vigilancia, hasta el día de hoy no tenga respuesta”, expresó el diputado Marlon Ramírez Marín, al cuestionar a la Titular del ORFIS, Delia González Cobos, respecto a temas que le preguntó desde el 2022 y 2023 y no ha informado, como el caso de Araly Rodríguez Vez, y los temas de empresas de nueva creación a las que se les entregaron contratos millonarios, entre otros.

El Diputado advirtió que no recibió el informe respecto a un sobre cerrado que le entregó en 2022, y que contenía nombres de servidores del ORFIS con doble asignación de plazas, pues aparecen también como empleados de la SEV. “Usted me ofreció que lo iba a revisar, quiero saber si hay avance al respecto de estas personas que trabajan en su dependencia y que tienen otra responsabilidad, necesitamos saber si hay compatibilidad de horarios, y si el órgano interno de control ha tomado medidas al respecto”.

Sin embargo, la Titular del ORFIS, dijo no recordar el tema: “tendría que ver los casos que en 2022 o 2023 me entregó en un sobre, porque no recuerdo haber leído algún nombre de una persona que estuviera con nosotros y prestara servicios en otro, le doy de inmediato la atención si tuviera usted esos elementos, me interesan esos nombres, tenemos que predicar con el ejemplo”.

Durante la Comparecencia de Delia González ante diputados en el Congreso Local, Marlon Ramírez le proporcionó de nueva cuenta el listado con los nombres de las personas: Norma Vázquez López, Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Felipe de Jesús González Ceja, Silvia Isis Pérez Bielma, Mirna Verónica Ortega García, Giovanna Carbonell Domínguez, Vicente Santiago García, María Elena Alvarado González, Sergio Pérez Hernández, Joel Gómez Bello, y Sebastián Díaz García.

Marlon Ramírez Marín, del mismo modo refirió que en el 2022 le preguntó por qué no funcionaba la página del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), “y usted, me respondió que estaba en mantenimiento, pero ya pasaron dos años y sigue sin funcionar”.
De igual forma, “en el 2023 le pregunté el caso de la maestra Araly Rodríguez Vez, y usted me respondió que tenía que llegar este año para hacer una auditoría, incluso el propio gobernador ofreció llevar a cabo una, pero hasta el día de hoy dio por concluido con su silencio dicho caso, y finalmente es responsabilidad del ORFIS”.

Dijo además, que durante las comparecencias de diversos secretarios como Salud, Seguridad Pública e Infraestructura, y otros, se dio cuenta de la multitud de empresas de nueva creación de 2019 a 2023, y que específicamente en salud les asignaron mil 500 millones de pesos en contratos; y nunca se recibieron informes o hallazgos del ORFIS.

“¿Qué respuesta me tiene usted, porque ni del caso de Araly, ni del caso de las patrullas de Seguridad Pública, ni del caso de la empresa constructora que cambió su objeto social y la SSP le entregó contratos por alimentación por 740 millones de pesos, no hemos tenido respuestas”.

Delia González Cobos señaló: “del SEA estamos en actividad fiscalizadora y el tema anticorrupción nos interesa, pero los detalles de si una página está funcionando o no, discúlpeme, es una omisión mía, no he estado atenta a si la página funciona o no y si hay información relevante”.

La Servidora pública afirmó que en 2021 dio a conocer información sobre el caso Araly e incluso se dieron recomendaciones, sin embargo se excusó en que de acuerdo al programa de auditorías correspondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revisar el caso Araly y el de otras dependencias como Salud. “El caso de Araly se podía haber detectado lo revisó la ASF, ese recurso estaba etiquetado por eso no intervenimos”.

Al respecto, el diputado Marlon Ramírez Marín le solicitó le hiciera llegar en las 48 horas marcadas en la ley, el informe relativo al caso de Araly Rodríguez Vez que incluye las recomendaciones que hizo el ORFIS.

Por otra parte, al subrayar que de acuerdo al Artículo 2 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que habla del conflicto de intereses, cuestionó qué contratos se le han entregado al corporativo CAREMM, pues de acuerdo a la revisión del Portal Nacional de Transparencia, se pudo advertir que prevalecen vínculos entre auditores vigentes en el puesto, y representantes de despachos, como el caso de Dolores Jacqueline Oropeza Martínez.

De igual forma, el Legislador señaló que específicamente a Juan Fernando Romero Tiburcio, quien se identificó en el ORFIS como Subdirector de Recursos Materiales, y se encuentra además como proveedor de este órgano.

Cabe resaltar que de ambos casos Delia González no proporcionó la información clara, refirió que es probable que quienes aparecen en la SEV, sean personas que dan clase; y admitió que Juan Fernando sí trabaja en el ORFIS, sin embargo confundió los cargos y aseguró que revisarán si da clases, cuando está dado de alta como proveedor.

Finalmente, afirmó que Jaqueline no trabaja en el ORFIS y al detectarse el caso no se le otorgó el registro al despacho, no obstante, el Diputado le solicitó la información de la fecha en que se dio de alta o baja, porque aún aparece en el portal de transparencia.