** El Legislador priista le cuestionó respecto a agravios del gobierno por falta de respuesta y si existe falta de ética por resistirse a entregar informes.

Xalapa, Ver., 25 de enero de 2024. Servidores públicos que vulneran derechos humanos y no acatan recomendaciones, están incumpliendo la ley, dijo Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al responder el cuestionamiento del diputado Marlon Ramírez Marín, respecto a, si considera que este gobierno agravia a las víctimas con su falta de respuesta.

 “Consideré que los servidores públicos destinatarios, y me hago responsable de lo que digo, que no aceptan esas recomendaciones cuando está debidamente acreditado, que servidores de esas dependencias vulneraron derechos humanos, efectivamente no se corresponde con las obligaciones constitucionales que se tienen”, señaló la presidenta de la CEDH.

Durante la comparecencia de Namiko Matzumoto ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la LXVI Legislatura, el diputado priista preguntó también a la funcionaria, de acuerdo al informe que ella presentó y sus respuestas, si la resistencia del gobierno a entregar informes, estaría faltando a la ética que debe tener todo funcionario público, ¿usted considera a estas dependencias y a sus titulares como funcionarios con poca ética?

“Sí recuerdo  perfectamente lo que dije, sí me hago absolutamente responsable de lo que expresé, porque estoy absolutamente convencida que todos, no solo los servidores públicos, pero los servidores públicos tenemos obligaciones reforzadas, y están claritas en la Constitución y en la ley, y quien no lo cumple se aparta de la protesta que hizo de cumplir y hacer cumplir la ley”.

Por otra parte, Marlon Ramírez Marín, señaló que: “si hiciéramos una conversión de rentabilidad social, si dividimos el número de acciones contra el presupuesto, cada acción de las más de 8 mil atendidas por la Comisión, tendrían aproximadamente un costo de 10 mil pesos cada una”.

Dijo lo anterior, luego de hacer un recuento del informe en el que se mencionó que hay 8 mil 122 solicitudes entre orientaciones, gestorías, ayudas humanitarias, quejas y antecedentes; que son cinco las dependencias de mayor número de quejas, la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública, los ayuntamientos, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, y que el presupuesto que ejerce la Comisión es de 72 millones de pesos, con un 80 por ciento orientado a la nómina y el resto a cursos de capacitación.

El Diputado también solicitó de manera formal una asesoría respecto a qué acción específica le propondría a la familia del ganadero ejecutado hace apenas unas horas, y a la declaración que hizo el Titular del Ejecutivo, quien expresó que fue ejecutado porque había evadido una prisión domiciliaria, cuando la Secretaría de Seguridad Pública tiene la responsabilidad de asignar elementos para evitar que se dé la fuga.

Sin embargo, la Funcionaria se excusó en que su comparecencia únicamente hacía referencia a la Glosa de año 2023; a lo que el Legislador puntualizó: “no le pedí que rindiera un informe de una acción que acaba de pasar hace unos días, le solicité de manera formal que me orientara; estamos glosando el 2023 y ya les tocará ponderar a los diputados de la siguiente legislatura quizá hacerle ese planteamiento”.