Xalapa, Veracruz, 26 de abril de 2023.- A unos días de vencer el plazo para presentar la Cuenta Pública 2022, el diputado Rafa Fararoni, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, del Congreso local, reconoció que cerca del 50 por ciento de los 212 ayuntamientos aún no cumple con su entrega.

El Legislador por Morena puntualizó que el plazo vence el próximo domingo 30 de abril, por lo cual, después de esa fecha, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados municipales que incumplan serán sancionados.

Reconoció que, a esta fecha, la totalidad de entes estatales entregaron en tiempo y forma su documentación, así como más de 100 ayuntamientos, para los cuales se estableció un calendario con fecha y hora para presentarse ante el Congreso local.

“En el Congreso se contará con personal para recibir las Cuentas Públicas 2022 a quienes aún no la entregan, habilitándose los días sábado 29 y domingo 30 para su recepción; después de esa fecha podría haber sanciones por incumplimiento, en tanto que la semana próxima estaremos informando si existen entes y autoridades municipales rezagados”, indicó.

El Presidente de la Comisión de Vigilancia, del Congreso local informó, además, que se está dando cumplimiento al compromiso de este ente legislativo y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) para darle seguimiento a temas de denuncias por daño patrimonial y por observaciones a cuentas públicas de ejercicios anteriores.

Fararoni Magaña puntualizó que en ese sentido se están realizando mesas de trabajo entre la Secretaría de Fiscalización del Congreso y el área de Investigación del ORFIS para tratar, tanto las denuncias por daño patrimonial, como en el caso donde se debieron solventar las observaciones emitidas.

Rafa Fararoni precisó también que existen entes fiscalizables que lograron solventar satisfactoriamente las observaciones del ORFIS, por lo cual, en su momento, se habrá de informar a la ciudadanía lo correspondiente, pues no es justo que quienes aclararon los señalamientos sigan envueltos en un viacrucis por estar atorados en procesos burocráticos del organismo autónomo fiscalizador.