Córdoba / 2018-02-24

• “Fue una gestión de gobiernos municipales priistas y es muy importante que el Gobierno del Estado lo reconozca y lo pague”, señaló.

Córdoba, Ver., 24 de febrero de 2018.- El Gobierno del Estado que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares tendrá que pagar más de 5 mil millones de pesos a los municipios veracruzanos por retenciones indebidas de participaciones federales, gracias a gestiones que realizaron ex alcaldes priistas, así lo consideró el ex munícipe de Xalapa y líder estatal del PRI, Américo Zúñiga Martínez.

Entrevistado respecto a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de pagar en un plazo de 90 días al municipio de Jalcomulco, los recursos retenidos indebidamente por la administración de Javier Duarte de Ochoa, dijo que la máxima autoridad judicial del país favorecerá con su interpretación al resto de gobiernos municipales que interpusieron Controversias constitucionales.

“Son demandas, son denuncias, no del año pasado 2017, sino del año antepasado, del 2016, cuando el ex gobernador aún estaba en funciones. Se presentaron en tiempo y forma ante los órganos de fiscalización, pero también ante la SCJN, porque nuestro actuar consideró que no estaban siendo ministrados los recursos federales, ni con oportunidad, ni con la integralidad, ni bajo ningún tipo de principio que marca el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal”.

En la Convención de Delegados en esta ciudad en donde Janeth García Cruz fue ratificada como candidata a diputada local por el distrito XIX, dijo que tal y como se resolvió con Jalcomulco, este mismo criterio se repite por los más de 90 casos que todavía faltan por determinar, el Gobierno del Estado estará obligado a pagar más de 5 mil millones de pesos a los Ayuntamientos de Veracruz y esto es algo gestionado, en la mayoría de los casos, por los ex gobiernos priistas”.

Añadió que para los ex munícipes “es muy importante, independientemente de que estemos o no representados en nuestro partido, en estos municipios, es muy importante que se den las obras, que se regrese el dinero que indebidamente se dejó de ministrar y que el Gobierno del Estado lo reconozca y lo pague”.

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