Xalapa, Ver., febrero de 2024.- La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechaza categóricamente las declaraciones del gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, en relación con las recientes denuncias presentadas por probables delitos que involucran a su gobierno.

El dirigente del PRI, Adolfo Ramírez Arana, dijo que se seguirán denunciando todos los hechos pues no se pueden normalizar los delitos electorales.

“Yo creo que son declaraciones a su altura, indignante para la sociedad civil de Veracruz que un Gobernador quiera normalizar los delitos electorales y que digan que ‘ya les paren a las denuncias’, como si fuera una estrategia de campaña. Es increíble ver la altura de esas declaraciones, creo que deja mucho que desear como lo ha dejado su sexenio en el gobierno”, denunció.

Ramírez Arana señaló que el mandatario ha cometido violaciones a la Ley Electoral y ya se ha demostrado, incluso fue obligado a bajar un video de sus redes sociales donde aparece junto a la aspirante de MORENA, Rocío Nahle en Casa Veracruz.

El PRI exigió al titular del Ejecutivo estatal poner el ejemplo y cumplir la protesta que rindió de respetar y hacer respetar la Constitución Política del estado y las leyes que de esta emanen.

La lucha democrática en México y Veracruz está sustentada en el principio de no intromisión del gobierno en los procesos electorales, y se ha traducido en el marco jurídico que los regula y pone límite a los gobernantes en turno, sus gabinetes y colaboradores, a fin de que sean los partidos y sus candidatos quienes participen democráticamente en la búsqueda del respaldo ciudadano.

Dicha contienda debe desarrollarse de principio a fin en equidad e igualdad de condiciones, exigencia a la que responden las leyes que los mexicanos y veracruzanos nos hemos dado. En caso de que este orden basado en la justicia sea quebrantado, es imperativo hacer uso de lo que los medios y cauces legales a fin de restringir y desterrar toda práctica que socave los principios democráticos que garantizan el ejercicio democrático, que es un derecho irrenunciable.

Tal imperativo escala en gravedad cuando es la misma autoridad quien quebranta la ley, y sin el mínimo recato hace uso de los recursos del estado, humanos y materiales, cuyo fin es satisfacer las necesidades básicas de la población para favorecer a candidatas, candidatos y partidos, y así, con premeditación, alevosía y ventaja, pervertir la misión del gobierno y descuidar sus responsabilidades impostergables.

“Lamentamos las desafortunadas declaraciones del titular del Ejecutivo, quien, soslayando su obligación de combatir la inseguridad que diariamente deja víctimas por todo el estado, se involucra en temas electorales y descalifica la justa exigencia de no desviar los recursos de las y los veracruzanos a actividades proselitistas con las que pretenden imponer a su candidata. Se advierte que el Gobernador no niega la comisión de los delitos denunciados, de los que se han entregado pruebas a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción”.

Corresponde a estas instancias, organismos autónomos del estado, no al gobierno, realizar las indagatorias correspondientes y, conforme a la ley, deslindar responsabilidades y castigar a los responsables. Corresponde a las ciudadanas y a los ciudadanos, informarse debidamente acerca de las acciones del gobierno, exigirle resultados, y a partir de estos contrastar propuestas y elegir a sus servidoras y servidores en libertad y con responsabilidad.

Quien aspira a un cargo de elección popular no está impedido de denunciar las arbitrariedades de quienes gobiernan y de presentar las pruebas que sustenten su dicho. Lo dicho por el Gobernador corresponde a su estatura política, moral e intelectual, indignantes para la sociedad veracruzana. Es indignante que el titular del Poder Ejecutivo pretenda normalizar los delitos electorales y que, en cambio, pida que las denuncias de abuso de poder se detengan. A falta de argumentos ante las evidencias, denuesta y ofende la inteligencia de las y los veracruzanos.

Mientras este gobierno viole la ley, nosotros seguiremos denunciándolo. La incompetencia y la corrupción de un gobierno que se está extinguiendo tienen responsables que deben responder ante la justicia, porque han enlutado a Veracruz y, al no dar los resultados que el encargo popular les demanda, haciendo gala de una insolencia y un cinismo desconcertantes, culpan a otros de los problemas que su ineptitud y su ínfimo nivel y calidad moral les impidieron resolver.

Un gobierno que vive del pasado porque no pudo, no puede y no podrá responder a los restos del presente y del futuro. Un gobierno que, teniendo todo para transformar a Veracruz, dolorosamente y vergonzosamente les falló a los veracruzanos.