La noche del pasado viernes 24 de marzo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió a trámite una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y le otorgó la suspensión contra el “Plan B” de la reforma electoral, el cual tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE.

La determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales.

Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo.

Las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE.

Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen.

Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables.

La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento.

La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía.

Quienes firmamos este texto manifestamos nuestra más resuelta decisión de seguir pugnando, en el marco de la legalidad y por medios pacíficos y democráticos, por la renovación y la moralización de las instituciones nacionales.

*Marina del Pilar Avila Olmeda*

Gobernadora de Baja California

*Rutilio Cruz Escandón Cadenas*

Gobernador de Chiapas

*Evelyn Salgado Pineda*

Gobernadora de Guerrero

*Cuauhtémoc Blanco Bravo*

Gobernador de Morelos

*Sergio Salomón Céspedes* Peregrina Gobernador

de Puebla

*Rubén Rocha Moya*

Gobernador de Sinaloa

*Américo Villarreal Anaya*

Gobernador de Tamaulipas

*Víctor Manuel Castro Cosío*

Gobernador

de Baja California Sur

*Claudia Sheinbaum Pardo*

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

*Julio Menchaca Salazar*

Gobernador de Hidalgo

*Miguel Ángel Navarro Quintero*

Gobernador de Nayarit

*María Elena H. Lezama Espinosa*

Gobernadora de Quintana Roo

*Alfonso Durazo Montaño*

Gobernador de Sonora

*Lorena Cuéllar Cisneros*

Gobernadora de Tlaxcala

*Layda Sansores San Román*

Gobernadora de Campeche

*Indira Vizcaíno Silva*

Gobernadora de Colima

*Alfredo Ramírez Bedolla*

Gobernador de Michoacán

*Salomón Jara Cruz*

Gobernador de Oaxaca

*Ricardo Gallardo Cardona*

Gobernador de San Luis Potosí

*Carlos Manuel Merino Campos*

Gobernador de Tabasco

*Cuitláhuac García Jiménez*

Gobernador de Veracruz

*David Monreal Ávila*

Gobernador de Zacatecas

*Mario Delgado Carrillo*

Presidente Nacional de Morena